La tarjeta sanitaria única defendida por Vox naufraga ahora en el Senado

La cruzada que Vox ha emprendido para dotar al conjunto del país con una tarjeta sanitaria única y por tanto dependiente del Ministerio de Sanidad, ha vuelto a cosechar un nuevo fracaso este miércoles, en el debate que se ha celebrado en el Senado. La iniciativa que ya fracasó en el Congreso hace unos meses, ha saldado su paso por la Cámara con tres votos a favor, los correspondientes a la formación conservadora y 112 en contra. Eso sí, se han registrado nada menos que 145 abstenciones en una Cámara en la que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta.

Para Vox, en palabras de su senador Fernando Carbonell, el hecho de que la tarjeta sanitaria sea una responsabilidad de las comunidades autónomas es “una anomalía que no debería existir en ningún país democrático y avanzado” y por ello abogó por reformar en su proposición de ley, las leyes donde se asienta la actual situación: la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de autonomía del paciente.

En su valoración, Carbonell ha asegurado que esta “no es una cuestión ideológica”, sino de “justicia, de eficacia y de derechos fundamentales” y ha ejemplificado con la estructura de la Organización Nacional de Trasplantes, el modelo que debería seguir el sistema de documentación y acceso de los españoles al sistema sanitario.

El senado indica que, aunque la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, la realidad es que “en la práctica  no todos los ciudadanos pueden acceder a los servicios sanitarios con igual facilidad”.

“Un enfermo hoy en Galicia puede encontrarse en Madrid sin poder acceder a su medicación porque su tarjeta sanitaria no está reconocida plenamente. O un médico en Aragón sin poder consultar el informe clínico de un paciente catalán porque está escrito en una lengua que no entiende”; explica Carbonell.

Desde los partidos que sustentan al Gobierno la respuesta ha sido inmediata. Desde el PSOE, Kilián Sánchez ha reiterado el doble argumento de que, por un lado, se están tramitando, (desde hace años) dos leyes correspondientes a la cohesión sanitaria, a las que se puede presentar enmiendas y por otro, que son las comunidades las que están obligadas a garantizar el funcionamiento de las tarjetas. “Las comunidades autónomas son quienes tienen la finalidad de volcar los datos para que los usuarios tengamos acceso a nuestra propia información clínica; si la comunidad autónoma no vuelca la información, esa información no va a estar disponible al propio ciudadano”.

Sánchez ha recordado que “todos tenemos los ejemplos de que, si sacamos nuestra tarjeta sanitaria individualizada, somos atendidos en todos los territorios y tenemos la posibilidad de la dispensación farmacéutica en todas las farmacias comunitarias del territorio nacional".

Algo similar ha indicado Carla Antonelli, portavoz de Más Madrid: “Esta proposición de ley pretende aseverar que hay un caos en la coordinación de datos sanitarios y nada más lejos de la verdad”. Para Antonelli, la operabilidad de la tarjeta sanitaria y de la historia clínica “está garantizada desde 2010". 

Mar San Martín, del Partido Popular, ha matizado las llamadas a las excelencias de la operatividad de la tarjeta fuera del territorio autonómico que proclaman Más Madrid y PSOE. “Los partidos que conforman el Gobierno pueden proclamar que todo funciona a la perfección, pero no es así”, ha asegurado.

La senadora riojana ha asegurado que en la práctica la coordinación “no está funcionando como debiera” y por ello considera que “lo prioritario” es trabajar en esa coordinación, que en su valoración debería contar con un previo consenso de las propias CC.AA., el Ministerio de Sanidad, los profesionales sanitarios y los pacientes.

Además de criticar la postura de los partidos del Gobierno, San Martín tampoco se ha posicionado a favor de la iniciativa de Vox. “La solución no es vaciar de competencias a las comunidad”, ha asegurado, al tiempo que preguntaba a los senadores conservadores si son conscientes de lo que están planteando al otorgar esta competencia al Estado. “No me quiero imaginar lo que sería de la sanidad española con la competencias de este Estado”. 

Desde la bancada nacionalista la oposición y la queja sobre lo que a todas luces consideran que supondría una pérdida de competencias ha sido unánime. Desde el Grupo Vasco, la senadora Nerea Ahedo ha asegurado que “me ha dejado de piedra el argumento falaz de que la igualdad en el ejercicio del derecho a la protección de la salud se quiebra cuando la historia no está escrita en castellano”. 

"Con la historia en castellano están anteponiendo el derecho del profesional al derecho del paciente”, ha asegurado la senadora que además ha matizado que el paciente “tiene derecho a dirigirse a su profesional sanitario, a su médico o a su enfermero, en el idioma que prefiera, en el que se sienta más cómodo".