Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas no han llegado a un acuerdo sobre el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias, como medida de control “transitoria” ante el incremento de casos derivados de las infecciones respiratorias y sus consecuencias en el colapso de los servicios sanitarios.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, ante esta falta de acuerdo el departamento de Mónica García abrió un plazo para que 48 horas las CCAA hagan llegar sus propuestas al documento presentado por el departamento que dirige Mónica García y que, en esta ocasión, ha sido ampliamente contestado por las CCAA. Sin embargo, a última hora del lunes Sanidad aseguraba que no va a esperar a que se cumpla ese plazo para la presentación de propuestas y directamente, este miércoles impondrá el uso obligatorio de cubre bocas en todos los centros sanitarios de España, incluidos las farmacias. Para ello usará la denominada declaración de actuaciones coordinadas en base al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, que faculta al Ministerio para utilizar esta declaración de actuaciones, en caso de necesidad.
“Desde el Ministerio vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud”, ha asegurado la ministra, en declaraciones a los medios, una vez finalizada la reunión telemática. García asegura que esta medida “está avalada por la evidencia científica y es bien recibida por la población”.
Igualmente, la ministra se ha referido a la necesidad de encontrar “un soporte jurídico” para dar una actuación coordinada a los diferentes territorios, que ya desde la semana pasada y ante la ausencia precisamente de esa coordinación nacional, han tomado medidas de forma unilateral.
Es el caso, por ejemplo de Castilla y León. Su consejero, Alejandro Vázquez, ha defendido al término de la reunión que las medidas del Ministerio llegan tarde y que todas las comunidades cuentan con su propio plan de contingencia para hacer frente a estas cuestiones. Castilla y León considera “improcedente” retomar el uso obligatorio de cubrebocas, cuando genera una sensación de alerta en la población.
Madrid, por su parte, mantendrá la recomendación de usar mascarilla ante síntomas y personas vulnerables. Fátima Matute ha criticado que el Ministerio no haya aportado datos sobre la incidencia, ni sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto, así como que no haya respetado las competencias de las CCAA en este campo. Este mensaje coincide con el lanzado desde el Gobierno Vasco donde se ha señalado que no se comparte “como en gran parte de las comunidades autónomas, ni la forma ni parte del contenido de la convocatoria que ha realización el Ministerio de Sanidad”.
La consejera de Salud de Andalucía, Catalina García, ha trasladado su desacuerdo ante la convocatoria de este Consejo Interterritorial, puesto que, a su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas, indicadores, etc., para posteriormente ser avalado o no en el Consejo Interterritorial. Por ese motivo, García, que ha votado en contra de la propuesta ministerial, por “carecer de rigor técnico” ha reclamado dichos indicadores.
Desde La Rioja, María Martín ha señalado que el ambiente entre Ministerio y CCAA está enrarecido a causa de la actuación de Sanidad. “se ha percibido un enfado generalizado de todas las comunidades, de todos los colores políticos”. Martín considera que Mónica García, ha llegado tarde con esta propuesta.
Galicia considera “desproporcionada” esta medida, según su consejero Julio García Comesaña y ha reclamado al Ministerio que cualquier medida que se tome, debe basarse en “criterios técnicos”. “No se puede utilizar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de manifestación” ha asegurado Comesaña.
Las comunidades del PP no han sido las únicas críticas con la actuación del Ministerio de Sanidad. La consejera de Sanidad del País Vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado que no comparte, como gran parte del resto de las comunidades autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ministerio de Sanidad ha realizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, ante la decisión del Ministerio de Sanidad de establecer un plazo de dos días para recibir aportaciones de las comunidades autónomas a su propuesta original, desde el Gobierno Vasco se mantiene que cualquier propuesta debería, en primer lugar, respetar las competencias de Euskadi en materia de salud, y en segundo lugar, venir avalada por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública, órganos técnicos de participación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad.
A lo largo de las próximas horas, diversas comunidades trasladarán al Ministerio su valoración sobre el plan de contingencia a adoptar, mientras el conjunto de país vive una situación, que se puede calificar de aleatoria, en función de en qué comunidad se resida. Así, el territorio mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, así como Asturias y Canarias, a partir de mañana, mantienen una obligatoriedad en el uso de la mascarilla, al igual que Aragón, mientras que otras como Castilla y León, Madrid y Galicia, se mantienen en la recomendación de su uso en función de síntomas.
Otras como La Rioja, Navarra, Andalucía se muestran más partidarias de la recomendación, de manera similar a lo que han planteado País Vasco y Castilla La Mancha.
Nicolas Gonzalez Casares: