La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha asegurado este jueves en una entrevista en La Sexta, que el Anteproyecto de Ley de Equidad y Universalidad de la Sanidad, “está absolutamente consensuada con todos los ministerio del Gobierno, así como con las sociedades científicas que han participado en la información y en la consulta pública”
Darias hacía estas manifestaciones al hilo del desencuentro mantenido con Podemos, que considera que la nueva norma “no vale”, y que no respeta el acuerdo del Gobierno de coalición en el que se demandaba la reversión al sistema público de todas las contrataciones de servicios con el sistema privado.
Sin entrar en valoraciones sobre las críticas del socio minoritario del Gobierno, Darias ha reiterado que el objetivo de la norma es “blindar la sanidad pública, ampliar derechos y eliminar copagos que pusieron gobiernos anteriores del Partido Popular para seguir mejorando y avanzando en aquellos vectores claves del Sistema Nacional de Salud”.
Igualmente ha recordado que el SNS consagra la gestión directa, si bien establece que a través de una motivación objetiva (cuyos criterios deberá establecer el Consejo Interterritorial, según indicó el miércoles la ministra), siempre que estos servicios no se puedan prestar por gestión directa, se pueda hacer por gestión indirecta.
Darias se ha extendido también en explicar que esta norma “elimina el copago farmacéutico" y ha recordado su frase lanzada en plena campaña de las elecciones andaluzas del 19-J, sobre que "muchos pensionistas con rentas bajas ya no tendrán que elegir si ir a la farmacia o al supermercado. Antes tenían que pagar un 10% de los medicamentos y ahora no tendrán que pagar nada. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad que antes tenían que pagar un 40% de los medicamentos y ahora tampoco tendrán que pagar nada ni tampoco por distintas prótesis”.
No obstante, pese a los deseos y a las esperanzas de la ministra, que el pasado miércoles confiaba en que la ley pasará el trámite parlamentario con éxito, Podemos ya ha manifestado su intención de “plantar cara”. Junto a las intenciones de la formación morada, también desde diversas entidades del sector se han lanzado duras críticas a un Anteproyecto, que considera “inadecuado”, “improcedente” y que no atiende a la realidad actual de la sanidad española.
Entre ellos, el Foro Española de Pacientes (FEP) ha mostrado su “preocupación” ante una ley que tiene “escasa concreción” y que nace, pese a las palabras de la ministra “sin ningún tipo de diálogo con las organizaciones de pacientes”.
Desde la FEP considera que por no tener, “no hay ni siquiera unos indicadores obligatorios, ni un procedimiento para garantizar el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad”. Desde esta entidad se critica además la falta de mecanismos para “incorporar a la cartera de servicios tratamiento innovadores respaldados por la EMA” y lo peor de todo, la Ley “no se compromete a ningún incremento del presupuesto de Sanidad”.
Por su parte, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada confía en que la tramitación parlamentaria manifiesta su “desconcierto” ante una norma que “perjudica a los pacientes y a los sistemas sanitarios públicos y privados”
La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACEHP) de Madrid ha manifestado su “absoluto desconcierto” ante el Anteproyecto de ‘Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud’, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que inicia actualmente su tramitación parlamentaria. Según esta entidad, la norma, en su redacción actual “perjudica a los pacientes y a la Sanidad, pública y privada”
Según indican, “sólo en Madrid, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos”. Si se toma como ejemplo la Comunidad de Madrid, con casi siete millones de habitantes, la sanidad pública y privada suman 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas y 680 quirófanos. Si se extraen de ese conjunto los recursos de la sanidad privada, se restarían 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos. Unos recursos que asumen, en la actualidad, el 31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas”.
Igualmente manifiestan que “la colaboración pública privada es fundamental en cualquier sociedad desarrollada”. En ese sentido, ninguna comunidad “admitirá que se recorten sus competencias para organizar la gestión”.
Por su parte, el Círculo de la Sanidad ha mostrado su “preocupación y desconcierto” ya que considera que “esta nueva norma viene a poner palos en la rueda de un Sistema Nacional de Salud que venía ya muy mellado de los dos últimos años de pandemia y que, no nos equivoquemos, ha podido salir un poco a flote gracias a la colaboración público-privada”.
Para su presidente Ángel Puente, la correcta atención de los pacientes, así como una mayor fluidez de las actuales listas de espera son motivos “más que suficientes” para replantearse una norma que “viene en uno de los peores momentos posibles”. “El problema no ha acabado, lo tenemos ahora y necesita una solución distinta”.
En el lado contrario, El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha saludado los avances en materia de atención sanitaria a las personas con discapacidad que aporta este anteproyecto y ha señalado como aspectos positivos de la futura regulación legal la exención de aportaciones del usuario en la prestación ortoprotésica para los menores de 18 años con discapacidad, otorgando el mismo tratamiento que el ya logrado en 2021 para este sector de personas con discapacidad que en los medicamentos.
Esta equiparación de exenciones entre las dos prestaciones (farmacéutica y ortoprotésica) para personas con discapacidad menores de edad “significará una mejor cobertura sanitaria para estos niños y un alivio económico para sus familias y entornos cuidadores, ya que no tendrán que realizar ningún desembolso por el acceso al catálogo ortoprotésico”.
De igual modo, el Cermi considera como un progreso “en una gobernanza más amplia y participativa del Sistema Nacional de Salud” que el sector social de la discapacidad, junto con el de los pacientes, se incorpore al Foro Abierto de Salud, a fin de que la sociedad civil tenga más presencia y voz en las decisiones que se adopten en el Sistema Nacional de Salud.
