¿Es legal el ofrecimiento de servicios como los que está haciendo Sanitas a través de sus distintas páginas en internet? ¿Un mensajero puede llevar al domicilio de un asegurado de Sanitas un medicamento? ¿Puede repartir medicamentos a domicilios particulares un empleado de una farmacia? Estas son algunas de las preguntas que la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) ha enviado a la Consejería de Sanidad de Madrid con el objetivo de que les sean contestadas.
El presidente de Adefarma, Cristobal López de la Manzanara, haciéndose eco de las consultas que han realizado sus asociados, ha enviado un escrito a la consejería a raíz de las dudas que plantean los servicios que ofrece Sanitas a través de su póliza Blua.
Adefarma quiere saber la opinión de la consejería madrileña acerca de la legalidad de este servicio. En este sentido, también pregunta por las autorizaciones necesarias para que un mensajero o incluso un familiar del paciente, vecino, allegado, empleado doméstico, etc, que no sea el titular de la receta, pueda retirar de una farmacia un medicamento prescrito a un tercero.
Adefarma incluye entre sus preguntas a la administración si Sanitas es titular de una Oficina de Farmacia o si un empleado de una farmacia “puede repartir medicamentos a domicilios particulares”.
Del mismo modo, López de la Manzanara también cuestiona por si un médico puede, mediante videoconsulta o programa de radio o televisión, diagnosticar y recetar medicamentos, o cualquier tipo de productos que se dispensen en las Oficinas de Farmacia, aunque no sean medicamentos. Igualmente, pregunta por si “un farmacéutico, en el ámbito de su competencia, puede desarrollar su cometido utilizando los referidos medios”.
De este modo, la patronal madrileña sigue los pasos de la catalana FEFAC, que hace unas semanas remitió una denuncia al Departamento de Salud de Cataluña acerca de las características de Blua. También el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha instado a Sanitas a introducir cambios en su publicidad para no generar dudas acerca de la legalidad de los servicios.