Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una Subcomisión con el objetivo de analizar "la situación del acceso a medicamentos y sus derivadas con el objetivo de buscar soluciones conjuntas que favorezcan la sostenibilidad del actual modelo sanitario español". Según el escrito presentado por la portavoz de Sanidad de la formación morada, Marta Sibina, "se necesita con urgencia una reforma del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible".
Según la formación morada, los objetivos de la subcomisión serían “analizar y evaluar los nuevos modelos de financiación de medicamentos y proponer directrices de futuro para mejorar el acceso del Sistema Nacional de Salud a los nuevos medicamentos coste-efectivos y con alto impacto presupuestario”. Del mismo modo, tratarían de “sentar las bases de una estrategia amplia y ambiciosa de transparencia en la investigación y desarrollo (I+D) realizada con fondos públicos bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y priorización de los criterios de interés público en la I+D”.
Además, proponen “analizar la situación actual del modelo biomédico español, europeo y global de forma conjunta con diferentes agentes sociales, y plantear qué papel ha de tomar el estado español en el diseño de alternativas que favorezcan una investigación y desarrollo más vinculada a las necesidades de salud de la población”.
Nueve meses de trabajo
La Subcomisión, que tendría que tener finalizados sus trabajos al cabo de nueve meses desde su constitución, podría solicitar la comparecencia de cuantas personas sean necesarias y solicitará la participación de expertos, representantes de CCAA, funcionarios, asociaciones médico-sanitarias, industria farmacéutica, sociedades científicas, sociedad civil etc.
Según justifican en la memoria que acompaña a la solicitud de creación de la Subcomisión, “el precio de los nuevos medicamentos crece de manera exponencial, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de las personas a tratamientos y tecnologías sanitarias que resultan muy costosos”.
Además, consideran que “el Estado debe introducir criterios de interés público en todas sus inversiones, garantizando su retorno en el precio, el acceso a los resultados e incluso a la propiedad misma de la innovación”.
