Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
Cuando el pasado 28 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que los indicadores para pasar de fase en la desescalada iban a ser públicos y cada ciudadano iba a poder conocer la situación en la que se encontraban sus respectivas provincias, me resultó una excelente idea y una gran noticia para aportar un poco de transparencia, previsibilidad y certidumbre a todo el mundo.
Según pasaban los días iba perdiendo la esperanza de que algún día pudiéramos tener acceso a ese sistema de información objetivo y transparente en el que los ciudadanos pudieran conocer, ese sistema que Sánchez había comprometido. El gobierno publicó su ‘Plan para la Transición hacia una nueva normalidad’ que incluía un panel de indicadores que se iban a valorar para cada cambio de fase, pero no informó de los límites a cumplir para considerar cumplido cada objetivo. La falta de esos límites permite, lamentablemente, una importante discrecionalidad a los que tengan que tomar las decisiones. Yo suponía, no obstante, que las comunidades autónomas tendrían esa información. Pero no, no la tienen.
Coincidiendo con la publicación de las provincias que pasaban a la siguiente fase, el Ministerio de Sanidad publicó una tabla nueva de ‘criterios de valoración de la capacidad estratégica para el proceso de transición’. Estos criterios, parecidos en algunas cuestiones a los anteriores, incorporaban importantes diferencias. Por ejemplo, todas las variables epidemiológicas las cifraban a espacios temporales de 7 días, en vez de 14, como se habían estado utilizando hasta el momento. De este modo, se pedían datos sobre casos confirmados en los últimos 7 días, incidencia acumulada en los últimos 7 días (cuando los informes diarios la dan sobre 14), casos sospechosos de los últimos 7 días, hospitalizaciones y UCI en 7 días…. Todo 7 días. ¿A qué se debe es cambio? Nadie lo ha dicho. Falta total de transparencia.
Pero es que, además, algunas comunidades autónomas no han progresado en su totalidad de fase porque en vez de diluir las dificultades de una zona concreta en el resto de toda una provincia, han preferido trocearlas para adecuar mejor las decisiones a la realidad más próxima a los ciudadanos y, de paso, actuar de forma más diligente. Esa estrategia, perfectamente entendible, e incluso deseable, ha supuesto que Comunidad Valenciana y, especialmente, Andalucía hayan visto cercenadas sus previsiones de avance. Es decir, que ni siquiera de las comunidades autónomas conocían qué y cómo se iba a valorar ya que, de haberlo sabido, habrían procedido de otra manera. Nueva falta de transparencia.
Pero más grave todavía es que los informes de evaluación, hecho por esos expertos fantasma que nadie conoce, no se han hecho públicos. Es más, ni siquiera se han remitido a las comunidades autónomas de forma automática, como hubiera sido lo lógico. Fernando Simón ha dicho en la rueda de prensa de este domingo que “se compartirán con ellas, si alguna comunidad lo solicita”. La verdad es que me he quedado perplejo al escuchar eso. Y más si alguna región, como la Comunidad Valenciana (aunque serán todas) se lamenta de que ha presentado un informe de 232 páginas y solo ha recibido una llamada telefónica informando del resultado.
La falta absoluta de transparencia en todo el proceso también ha permitido que se cuestionen las decisiones que afectan a Málaga, Granada o las diferentes zonas de la Comunidad Valenciana con las provincias del País Vasco. La controversia viene porque las cifras epidemiológicas, a primera vista, parecen más favorables a las zonas de Andalucía o valencianas que a las vascas. Por eso es importante la transparencia, para evitar problemas, evitar sospechas de discrecionalidad y de tejemaneje político.
A lo largo de todo el periodo de confinamiento creo que el Gobierno está más preocupado por aparentar transparencia que por ofrecer una verdadera transparencia en los datos, información e informes alrededor de la pandemia. Lo único que demuestra el Ejecutivo es un ansia por ocupar espacio público en los medios para que su mensaje sea el único, como lo demuestran las 137 comparecencias que ha tenido desde la declaración del estado de alarma, es decir, 2,4 al día a las que hay que sumar las comparecencias semanales en la Comisión de Sanidad del ministro Salvador Illa. Eso son muchas horas al cabo de la semana y, realmente, muy poca información novedosa y fiable en cada ocasión.
Ya son muchas las veces que he pedido transparencia al Gobierno a lo largo de la crisis del covid-19. Espero que alguna vez vea cumplida esta petición ya que este oscurantismo no hace más que reducir la confianza y el apoyo en el Ejecutivo y sus acciones.
José María López Alemany es director de Diariofarma.