La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), Begoña Barragán, ha remitido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en relación con el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que tendrá que ser sometido a votación en Pleno el próximo 22 de julio.
Barragán se queja en su misiva del punto 47.2 del documento del Grupo de Sanidad y Salud Pública, "donde se hace referencia a las Asociaciones de Pacientes y no para apoyarlas, como sería de esperar, sino que se establece allí la prohibición de todo tipo de apoyo, directo e indirecto, de la industria". En su opinión, esto supondría contravenir la "práctica general en los países de la Unión Europea".
El apartado citado llama expresamente a "tomar medidas para la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación
independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes". Y añade: "Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria".
La presidenta de Gepac le recuerda a Illa "el régimen de transparencia, independencia y respeto mutuo por el que se rigen las relaciones entre las asociaciones de pacientes y la industria, tanto en España como en Europa", que viene marcado por el código Efpia, asumido por Farmaindustria desde el año 2000 y, por tanto, de aplicación en España. "El artículo 17 del citado Código establece, de modo inequívoco, que tales relaciones se regulan por procedimientos regidos por los principios de transparencia, independencia, pluralidad de patrocinio y fomento del uso racional de los medicamentos", indica Barragán. Además, asegura que los acuerdos "quedan plasmados documentalmente, detallándose el contenido de la colaboración".
En el caso de Gepac, afirma que el Código "se viene aplicando siempre con todo rigor". Por eso, opina que sería "un despropósito" que Sanidad asumiese "una medida injusta, antisocial y antieuropea como se refleja en el citado punto 47.2". De ser aprobado, dice, "iría contra los pacientes y sus asociaciones y también contra la lógica propia de un país moderno, como España, en el que sus leyes fomentan el ejercicio de la Responsabilidad Social Corporativa".
Por eso, solicita que, antes del día 22 de julio, fecha de celebración del Pleno del Congreso de los Diputados, Illa "haga rectificar" a quienes hayan incorporado este apartado en el documento.
Nicolas Gonzalez Casares: