Aragón ha completado ya el proceso de participación a la Iniciativa para la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, que establece un marco de debate general para abordar la mejora del sistema con compromisos políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado. Durante su presentación este miércoles, el presidente de la comunidad aragonesa Javier Lambán ha asegurado que hará llegar el documento a todas las comunidades autónomas y pretende que se debata en la Conferencia de Presidentes para su debate nacional “porque todos nos sentimos concernido”.
Lambán, junto a la la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han presentado el resultado de la consulta que se realizó sobre el primer documento redactado a finales del pasado año, ante diferentes agentes sociales. Según aseguran, el texto se ha visto enriquecido con estas aportaciones, de las que el 90% han sido incorporadas al texto.
El presidente ha calificado las aportaciones de “puro sentido común”, ya que según ha indicado “buscan la eficiencia y la agilidad administrativa”. Por otro lado, Lamban recuerda que varias de ellas deben resolverse en clave estatal, comenzando por la necesaria actualización de la financiación autonómica, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que prestan el servicio de salud.
En total se han recibido un total de 98 aportaciones de 32 diferentes colectivos, de las cuales el 28% se corresponden con asociaciones ciudadanas y el 22% a colegios profesionales o sociedades científicas, repartiéndose el resto entre instituciones, partidos políticos, sindicatos, Consejos de Salud o trabajadores del sistema sanitario. La incorporación del 90% de las propuestas ha dado como resultado un documento más amplio y preparado para ser el punto de referencia para el debate nacional que el sistema nacional de salud necesita para su sostenibilidad y eficiencia.
Entre ellas, destacan las que apuestan por un Pacto por la Sanidad, ajeno a los intereses partidistas, así como la necesidad de ampliar la visión pasando de “necesidades médicas y sociales” a “necesidades sanitarias y sociales”. También se ha detallado la necesidad de que la sanidad disponga de una financiación finalista y ajustada a factores como el envejecimiento de la población, una tarjeta sanitaria única o el establecimiento de un marco de relación con la industria y la tecnología sanitaria.
Asimismo, inciden las propuestas en la mejora de los cuidados para personas con necesidades sanitarias y sociales, apostado por equipos multidisciplinares. La ampliación de las plazas de formación sanitaria en las universidades, la prestación de servicios en el sector público o la incorporación de nuevos perfiles son otras de las aportaciones realizadas.
La iniciativa aragonesa se traduce fundamentalmente en ocho puntos de debate, con la Conferencia de Presidentes y el Consejo Interterritorial de Sanidad como los órganos clave.
En primer lugar, aboga por acordar un nuevo pacto en financiación autonómica que atienda a las necesidades de salud de la población y que establezca cláusulas de protección del gasto sanitario. Igualmente demanda redefinir los determinantes de gasto sanitario de forma que recojan con mayor fidelidad las necesidades de gasto de la población. Considera además necesario actualizar los mecanismos de solidaridad interterritorial y de garantía con objeto de equilibrar las eventuales diferencias entre comunidades autónomas y dentro de ello valorar la creación de una agencia estatal para la evaluación de la inclusión de nuevas prestaciones en la cartera de servicios del sistema y cuyos dictámenes sean vinculantes.
Por otro lado demanda también acordar la adopción íntegra de las recomendaciones del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS sobre la regulación y fijación del precio de los nuevos medicamentos, y de su financiación pública y abordar la atención a la dependencia de manera integral entre las áreas implicadas, con especial atención a las personas con altas necesidades médicas y sociales.
Finalmente la propuesta plantea coordinar la estrategia de planificación de recursos humanos para el sistema nacional de salud, adecuando la oferta de estudiantes egresados de las facultades y escuelas universitarias, así como los profesionales con especialización a las necesidades reales del SNS, así como establecer una estrategia común a nivel nacional para la planificación y provisión de recursos sanitarios y socio sanitarios que se atienda a las necesidades de la población en las próximas décadas.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: