¿Plasmará el PSOE en su Gobierno lo que persiguió como oposición?

A la espera de que se anuncie quién cogerá el timón del Ministerio de Sanidad tras el triunfo de la Moción de Censura que ha situado en el Gobierno al Partido Socialista y de saber, también, si Pedro Sánchez y el equipo que le rodee van a ser capaces de aguantar al frente hasta el final de la legislatura (la primera prueba de fuego va a ser la de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado), Diariofarma ha hecho un repaso por las principales iniciativas parlamentarias de cuantas ha presentado el Grupo Socialista en materia sanitaria en Congreso y Senado durante este segundo mandato de Mariano Rajoy. La pregunta es, ¿serán estas iniciativas un indicativo de las prioridades del Partido Socialista en materia de sanidad? ¿Se pondrá el nuevo Gobierno manos a la obra para convencer al resto de grupos y, en caso de que sea necesario, transformar las propuestas en normas?

Empecemos por el final. La última iniciativa del PSOE tenido que ver con la presentación de una serie de preguntas parlamentarias en relación al informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con las que reclamaba conocer cuáles con las medidas adoptadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en los "acuerdos de cooperación bilateral con las CCAA incumplidoras de la regla del gasto" y si creía que iba a poder "establecer medidas coercitivas" sobre 14 de 17 comunidades autónomas, cuando según la propia AIReF "las previsiones del Gobierno tienen un alto grado de probabilidad de incumplirse". El portavoz de Sanidad, Jesús María Fernández, preguntaba concretamente si, como establece el artículo 115 de la Ley General de Sanidad, se iba a impedir a las comunidades autónomas aprobar una cartera de servicios complementaria y no poder prestar servicios distintos a los de la cartera común del SNS, entre otras cuestiones.

Asimismo, Fernández pedía saber si el Ejecutivo tenía previsto "incorporar al Plan Nacional de Reformas alguna medida de eficiencia estructural del Sistema Nacional de Salud que no pase por la vaga referencia al instrumento de apoyo al control del gasto farmacéuticos y el protocolo con Farmaindustria".

Y es que, precisamente estas cuestiones, la relacionada con la financiación de las CCAA y la firma del convenio con Farmaindustria, que para el PSOE era papel mojado, han sido dos de los temas que han centrado parte de las discrepancias entre el Gobierno del Partido Popular y la oposición socialista durante este periodo, sobre todo en el último año. De hecho, la formación liderada por Pedro Sánchez obtenía a principios del mes de mayo el apoyo del Congreso a una moción en la que establecía 11 prioridades en materia de sanidad, una de las cuales era "alcanzar con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un acuerdo sobre financiación autonómica, que incluya un escenario plurianual de suficiencia del gasto sanitario público y mejoras en los instrumentos de nivelación entre territorios y una actualización de los criterios de cálculo de población ajustada, en el ámbito sanitario, rechazando la incorporación de nuevos copagos".

En esta línea está también el reciente registro de una pregunta por escrito en la que se pedía al Gobierno que se explicara los motivos de por qué "dejó sin ejecutar un solo euro del Fondo de Cohesión Sanitaria” durante el pasado ejercicio de 2017, criticando que haya pasado de tener una dotación de 87 millones de euros con el último Gobierno socialista, a ir reduciéndose progresivamente hasta los 2,3 millones en 2015 y ser transformado directamente en un fondo extrapresupuestario en 2016. Con la intención de recuperar este Fondo presentaron enmiendas a los últimos presupuestos, que no fueron aprobadas, y proponían, en la moción con 11 medidas aprobada recientemente, la dotación de éste con 100 millones, que deberían convertirse en 150 al final de la legislatura. 

Dentro de las propuestas para mejorar la financiación de las CCAA, cabe recordar que en la moción de mayo, que más pareciera un programa de prioridades de cara a una eventual situación como la que ha ocurrido, también se pedía "desarrollar reglamentariamente el Fondo de Garantía Asistencial en su totalidad para asegurar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos en el territorio español, compensando la asistencia que se presta entre comunidades, y promoviendo la cooperación en la prestación de servicios sanitarios de alta tecnología y de proximidad entre territorios", así como un "Fondo de Innovación, con una dotación inicial de 150 millones de euros, que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiación de nuevos tratamientos, que, aportando un valor terapéutico contrastado, supongan un impacto imprevisto sobre los presupuestos sanitarios, o corresponda a tratamientos que a pesar de presentar un coste-efectividad alto se decida en el Consejo Interterritorial su financiación pública (medicamentos huérfanos de alto coste, por ejemplo)". No hay que olvidar aquí la petición, a través de sendas proposiciones no de ley en Congreso y Senado, de la transferencia de fondos a las CCAA para atención sanitaria en centros penitenciarios. 

Sobre el convenio con Farmaindustria, cabe destacar las duras declaraciones realizadas por la senadora María Luisa Carcedo, en un acto en la que estaba acompañada por Jesús María Fernández, en las que lo calificaba, tras la firma de la prórroga el pasado mes de diciembre, como un acto "impropio de la relación y lealtad entre instituciones", ya que el acuerdo, opinaba, se basa en "el uso del chantaje al supeditar la ratificación de este convenio por parte de las CCAA al acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)". Asimismo, se quejaba de la "falta de transparencia, tanto en el texto del convenio, como en las explicaciones de los ministros Montserrat y Montoro", ya que, dice, "no aclaran qué destino tendrán las supuestas compensaciones económicas si el gasto farmacéutico es superior al crecimiento del PIB y menos aún cómo se compensaría a Farmaindustria en caso de ser inferior".

Con todo lo dicho, las preguntas obligadas son: ¿va a impulsar el nuevo Gobierno ese debate la reforma del modelo de financiación autonómica de forma prioritaria, teniendo en cuenta además que son las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas (aunque no solo), las que más se han quejado de la infrafinanciación? Y por otro lado, ¿cancelará el nuevo Gobierno el convenio con la patronal o lo desvinculará al menos de la adhesión al FLA? 

A vueltas con el RDL 16/2012

Más allá de la financiación autonómica, si hay una cuestión que ha centrado el discurso parlamentario del Grupo Socialista ésa ha sido la de la derogación total, unas veces, y parcial, otras, del Real Decreto-ley 16/2012, sobre todo en lo que respecta a la universalidad de la atención y al copago. Tanto es así que este partido se comprometió, junto al resto de la oposición, excepto Ciudadanos, a impulsar su anulación a través de la firma de un manifiesto redactado por organizaciones de la sociedad civil, y que incluso a mediados del pasado año supeditó la posibilidad de alcanzar el famoso Pacto por la Sanidad a anular las principales medidas impulsadas a través de él.

Esta cuestión está incluida también en la moción aprobada en el Congreso el pasado mes de mayo, donde se instaba al Gobierno a "recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, impulsando de forma inmediata la derogación de las limitaciones establecidas a tal efecto en el Real Decreto-Ley 16/2012, y no obstaculizando la tramitación de las iniciativas legislativas presentadas con este fin", así como desistiendo o retirando "cuantos recursos judiciales tenga planteados frente a normas o actuaciones de las comunidades autónomas dirigidas a recuperar la universalización de la asistencia sanitaria pública y las subvenciones a la población de menos renta para compensar los copagos farmacéuticos".

Sobre el copago, la moción iba más allá e instaba al Ejecutivo a "suprimir los copagos sanitarios introducidos por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 16/2012 citado y mediante el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que suponen una barrera de acceso y de adherencia a los tratamientos para parte de la ciudadanía; y estudiar el efecto de los copagos existentes previamente a dicha normativa, con el fin de considerar su posible modificación en la población más vulnerable". Además de esto, han sido varias las preguntas registradas pidiendo al Gobierno que aclare cuáles han sido los efectos de esta medida en la adherencia a los tratamientos.

Para ver la relevancia de estos temas, basta recuperar el último debate que mantuvieron Fernández y la ya ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Congreso, el pasado día 11 de abril, como consecuencia de una interpelación urgente del portavoz socialista para que la ministra explicara los planes del Gobierno y su Departamento para restablecer la calidad de la asistencia sanitaria tras la crisis. El RDL 16/2012, la universalización, el copago y la financiación de las CCAA fueron el epicentro de la confrontación entre ambos grupos, lo que da a entender cuáles serían las líneas prioritarias de los socialistas en caso de llegar, como ha ocurrido, al Gobierno, para marcar la diferencia con respecto al ya difunto Gobierno de Rajoy.

Desfinanciación y EFG

También fruto del RDL 16/2012 fue la última desfinanciación de medicamentos, una medida que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por el Grupo Socialista, que ha denunciado y ha pedido medidas para paliar la supuesta escalada que se ha producido en los precios de estos fármacos. En total, los socialistas han registrado tres preguntas orales al Gobierno en la Comisión de Sanidad del Congreso, ocho preguntas para respuesta por escrito, una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados y tres preguntas para respuesta escrita en el Senado (ver información publicada por Diariofarma), todas ellas a lo largo de esta legislatura y en relación con los 417 medicamentos que fueron desfinanciados en 2012. Sería lógico, por tanto, que la corrección de los problemas que habría generado se pusiera en un lugar destacado en la agenda sanitaria de un Gobierno socialista.

Siguiendo con la cuestión de los medicamentos, cabe destacar la moción presentada por el PSOE en el Senado pidiendo al Gobierno la eleboración de una estrategia para el impulso de genéricos, junto con las comunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial. El Grupo Popular terminó tumbando la propuesta impulsada por el senador andaluz José Martínez en la Cámara Baja, más por una cuestión formal (la propuesta incluía también una alusión a los biosimilares y los populares argumentaron que no se podían mezclar ambas cosas) que de fondo. En este sentido, cabe destacar que, tanto Martínez Olmos como otros representantes del Grupo han defendido ese impulso al sector del genérico y que Aeseg viene pidiendo desde hace tiempo medidas como la recuperación del diferencial de precios como la extensión de la prescripción por principio activo para sacar al sector del estancamiento, por lo que habrá que ver si el nuevo Gobierno se lanza a actuar en este sentido.

En aquella moción, Martínez Olmos pedía también la promoción de una política farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que incorporare criterios de eficacia y de eficiencia para asegurar una prestación que incluya la innovación de manera sostenible. Por este tema, y más concretamente por la política de precios y financiación, ha preguntado también en alguna ocasión el Grupo Socialista en el Congreso, teniendo en cuenta además que hay medidas en el cajón del Ministerio de Sanidad que podrían suponer la aplicación de nuevos criterios para incorporar las innovaciones farmacoterapéuticas.

Otras innovaciones, concretamente las que tienen que ver con los nuevos sistemas de medición de glucosa, han estado en el punto de mira del Grupo Socialista en el Congreso, que consiguió sacar adelante, tras fundir su PNL con la del Grupo Mixto, una propuesta para instar al Gobierno a incluir los nuevos medidores en la prestación del Sistema Nacional de Salud, garantizando la transferencia de financiación para las comunidades autónomas. También han reclamado, esto en el Senado, la provisión de una partida específica para financiar los medicamentos huérfanos, a través de una moción, así la asunción del SNS de los tratamientos en profilaxis pre-exposición contra el VIH en grupos de alto riesgo, mediante una PNL.

Otras propuestas

Junto a estas propuestas, cabe rescatar otras, como las de protagonizaron los senadores Ander Gil y Modesto Pose, que pidieron al Gobierno que, "a lo largo de 2018, culmine el Proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud y que garantice que desde cualquier servicio público se pueda acceder a la información clínica relevante de los pacientes desplazados de sus lugares de residencia habitual. Y en la Cámara Alta arrancó la ponencia de estudio sobre medicina de precisión, que, impulsada por Martínez Olmos, sigue su curso con el objetivo de generar las bases para una futura Estrategia Nacional que sirva para incorporar sus avances al SNS.

El Grupo Socialista fue muy activo también en la reclamación de un nuevo marco que ayude a aportar seguridad al personal de Enfermería, mediante la modificación del Real Decreto 954/2015 y la aprobación de una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos. Presentaron en su día una PNL y una moción en Congreso y Senado, respectivamente, por lo que cabe esperar que culminen el trabajo por Montserrat en este sentido y vea la luz finalmente el nuevo RD que les ampare en estas actividades propias de su cotidianidad.

Finalmente, de la moción de mayo habría que rescatar la prioridad que confería el PSOE al "acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el seno del CISNS, de un plan para reforzar la Atención Primaria de Salud, actualizando la Estrategia para la Mejora de Atención Primaria en el siglo XXI (Proyecto AP 21) y el decálogo por una Atención Primaria de Calidad, elaborado por las Asociaciones científicas y profesionales de esta especialidad", así como "dotar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de los recursos presupuestarios necesarios para reducir la brecha en la cobertura y acceso a servicios de la que gozan los ciudadanos de Ceuta y Melilla".

Tampoco se puede obviar la alusión que hay en dicha moción a las fórmulas de gestión. El Grupo Socialista llama a "apostar por las formas de gestión pública de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y, en consecuencia, proceder a la revisión de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con el objeto de reforzar la supervisión pública, así como su integración con los objetivos y resultados de salud fijados por la Administración Sanitaria". No obstante, respetarán las competencias de las CCAA, "incluyendo la organización de redes de utilización pública con centros que, de preferencia, tengan titularidad pública o de entidades sin afán de lucro".