Política

La ley de paridad coge al sector con ‘los deberes hechos’, en términos generales

Tanto los colegios profesionales como las empresas cumplen, en cifras absolutas, con la representatividad que demanda el proyecto de Ley de Representación Paritaria en Órganos de Decisión aprobada en el Consejo de Ministros de equiparar la representación masculina y femenina en un 60-40% mínimo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la entrada del Consejo de Ministros.

Colegios profesionales, entidades públicas y privadas vinculadas a la sanidad deberán comenzar a pensar en la readaptación en sus órganos de Gobierno, después de que este martes, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez diera luz verde al proyecto de Ley de Representación Paritaria en Órganos de Decisión, que obliga a una participación equilibrada aplicando la regla 60 a 40, aunque “con cierta flexibilidad” según ha explicado la ministra de Igualdad Ana Redondo.

Este nuevo proyecto de ley a que el Consejo de Ministros da luz verde es el primero de la legislatura, ya que su aprobación quedó pendiente en la anterior etapa al llegar las elecciones adelantas que convocó el presidente Sánchez. No obstante para Ana Redondo, el hecho de su preeminencia en las tareas de la actual legislatura “es ya una declaración de intenciones”.

La ley obliga tanto a entidades profesionales como los colegios, incluidos por la ministra en el sector público privado, no “todos cumplen de la misma manera”. La participación deberá ser de forma obligatoria como mínimo del 40% para uno de los sexos.

En el caso de que no se pudiera realizar, la ministra de Igualdad indica que se tendrá que informar de la causas “por la que no se ha podido llegar y del plan para hacerlo efectivo en el plazo más breve posible”.

El Gobierno quiere, según Redondo romper “los techos de cristal” y manifiesta un compromiso por la “igualdad real de oportunidades y para remover todos los obstáculos que impiden esa igualdad real de oportunidades”. Igualmente “es justa, eficiente y ambiciosa”.

“Es justa porque incorpora al 50 por ciento de la población a todos los niveles de toma de decisiones a nivel de la Administración General del Estado, electoral, social y económico.

La norma se aplica en el ámbito privado, y las empresas y los colegios. En el ámbito público privado del sector farmacéutico la norma no tendrá un especial calado en términos generales, aunque caben situaciones particulares. En el caso de los Colegios, la mayoría ya cumplen con este tipo de paridad. Según los informes que periódicamente publica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, en la actualidad de los 892 miembros que suman las 52 Juntas de Gobierno de los diversos COF la relación es de 501 mujeres, el 56,17%, frente a 391 hombres 43,83%.

En el caso de la empresa privada, siempre en términos generales, un reciente informe de Farmaindustria indicaba que las mujeres ocupaban el 44,8% de los puestos de dirección y el 53,4% de los puestos de plantilla. Prácticamente el doble, según señalaba el informe, en relación a la empresas del IBEX-35, donde la representación femenina ronda el 20%.

Los plazos para cumplir con el nuevo requisito cumple el 1 de julio de 2024 en el caso de las cotizadas y hasta julio de 2026 en las empresas no cotizadas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio anual. Los que dispondrán de un mayor tiempo serán los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, como las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales. Estos tendrán como plazo hasta el próximo 2028, es decir en la próxima legislatura. Una buena noticia para el actual Gobierno, que por el momento, a falta de ultimar nombramientos no cumple con sus propias disposiciones. En el caso de los Secretarios de Estado, actualmente la proporción de es un 70% hombres y un 30% mujeres.

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