Tras el parón de la Semana Santa, la Comisión de Salud Pública estudia este miércoles las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que ha diseñado el Ministerio de Sanidad. Hasta el momento, por parte de los territorios, las principales demandas se centran en dar concreción a algunos aspectos que permanecen difusos, según las comunidades, y sobre todo en saber si las medidas que incluye el plan van a tener un respaldo financiero para hacer frente a diversas cuestiones, entre ellas, y no la menor, el respaldo económico a la ampliación de los tratamientos farmacológicos y la formación de profesionales sanitarios.
Son varios los territorios que han demandado al Ministerio de Sanidad que este plan se acompañe de una memoria económica, en la que se evalúe el impacto económico a cada comunidad, así como las posibles líneas de financiación que permitirán la consecución de los objetivos previstos.
Esta es la postura, que la pasada semana expresaba, entre otras, la Comunidad Valenciana, que además reclamaba al Ministerio de Sanidad un compromiso para que cualquier modificación en los espacios sin humo, se realice “en el mismo marco legal para todo el territorio nacional”.
Desde Castilla y León, el consejero de Hacienda, Carlos Fernández, indicaba la necesidad de incluir en el plan la designación de las autoridades competentes especialmente en el ámbito de las inspecciones. Una petición similar se lanzaba desde el Gobierno de Aragón, cuya directora de Salud Pública, Nuria Gayán reclamaba, además, un respaldo basado en la evidencia científica para las medidas que se adopten.
Todos los territorios
A pesar del escaso margen de tiempo que dio el Ministerio de Sanidad a las CC.AA. para que se ‘familiarizaran’ con el plan y aportaran sus sugerencias (15 días), después de encontrarse con una primera negativa a asumirlo sin más, todos los territorios han presentado en mayor o menor medida, alegaciones al texto.
El Gobierno de Canarias en un tono más práctico plantea al Ministerio que el plan prohíba fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en las paradas de autobuses y en los espacios deportivos al aire libre y que se tomen medidas restrictivas sobre el comercio de vapeadores.
En las Islas Baleares plantean la adhesión voluntaria a los denominados espacios sin humo y defienden, al igual que otros territorios, la aplicación de beneficios fiscales para aquellos establecimientos que se adhieran. Una postura que también defiende La Rioja, que considera que este plan no será eficaz si no incluye una valoración económica y un respaldo presupuestario.
Andalucía plantea prohibir la venta de vapeadores a los menores, aunque esperan que el Ministerio no tenga una actitud de imposición, algo similar a lo que pide Madrid, que tras calificar la presentación original como “ceremonia de la confusión”, confía en que las actuaciones de prevención queden fijadas en una ley aplicable a todo el territorio.
Mientras tanto y a la espera de lo que dictamine la Comisión de Salud Pública, desde el Ministerio se defiende al plan como “una prioridad” en la agenda política.
El Ministerio, que ya presentó a las sociedades científicas y asociaciones el contenido del plan, confía en que las “comunidades sean consecuentes”, según palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien espera que esta cuestión no conlleve la generación de “otro frente político”.
Nicolas Gonzalez Casares: