Finalmente el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que aspira a convertir a España en uno de los “referentes” de la política antitabaco para todos los países, según cita de la ministra de Sanidad, tendrá que contar con una ley que lo respalde previamente. Todo su contenido no será vinculante para las CC.AA., que en su gran mayoría se niegan a darle su adhesión, hasta que el mismo no quede clarificado en una norma legislativa y, a ser posible, contenga la memoria económica y el respaldo financiero al que su contenido obliga.
En suma, después de algo más de un mes con debates y desencuentros, comunidades y ministerio llegaban a un entendimiento, en el que el Plan queda fijado como una suerte de ‘hoja de ruta’, cuyo cumplimiento en las diversas áreas que aborda y organismos a los que afecta, quedará, al igual que el resto de planes anteriores, supeditado a la aprobación previa de una ley.
El pleno del Consejo Interterritorial que se ha celebrado este viernes no se presentaba nada halagüeño para los intereses de los ciudadanos. De una parte, el Ministerio de Sanidad convencido de sacarlo adelante, según declaraciones del propio secretario de Estado Javier Padilla, de otra, la práctica totalidad de las comunidades, salvo cinco, decididas a no dar su brazo a torcer frete a un plan al que, en términos generalizados se le calificaba como “falto de rigor”.
El debate ha sido intenso, “pero en términos muy cordiales", ha asegurado la ministra quien además ha indicado que "este plan emana de las propias comunidades, es el resultado de toda la coordinación con las autonomías, no un plan sólo de Sanidad".
"Mañana (por este sábado) saldrá adelante y las comunidades autónomas que se vayan adhiriendo de forma global podrán poner en práctica lo que quieran”, ha asegurado la ministra en su intervención. El plan lleva incluidas 147 de las 160 propuestas autonómicas planteadas ante la Comisión de Salud Pública. Entre ellas cuestiones relativas a los espacios sin humo, elevar el coste de la cajetilla de tabaco, hacer que todas tengan el mismo aspecto o luchar contra la venta de vapeadores a menores.
Por su parte, las comunidades aceptan contar con un plan que tiene como fin último una ley a la que no se podrán oponer y en la que se deja vislumbrar que parte de los incrementos fiscales que pueda tener el tabaco, irá precisamente destinados a obtener un retorno en políticas de salud.
Sobre tratamientos farmacológicos, espacios sin humo concretos y otras cuestiones cuya regulación queda pendiente ser irán determinando en función de la ley que se vaya desarrollando.
En relación a cuándo se prevé la aprobación de la nueva norma, o normas que deberán acompañar al plan, la ministra asegura que estás se podrán en marcha “cuanto antes”. Lo primero, según ha explicado, será la consulta pública.
Nicolas Gonzalez Casares: