“Queremos pasar de lemas y mantras a políticas efectivas y de las pancartas al BOE”

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, realiza para Diariofarma un balance de los primeros meses de legislatura y explica los planes que el Ministerio de Sanidad, comandado por Mónica García, tiene para el resto de la legislatura. Una de las cuestiones clave que plantea Padilla es que quieren ampliar el discurso y plantear cambios que, aunque no se vean fructificados en esta legislatura, allanen el trabajo para que sean una realidad en el futuro. Eso incluye cuestiones que pueden ser calificados como lemas de pancarta.

En otra parte de la entrevista, el secretario de Estado de Sanidad analiza las claves de la modificación de la Ley de Garantías y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Pregunta. ¿Cómo valora estos primeros ocho meses al frente del Ministerio de Sanidad?

Respuesta. Durante estos ocho meses, hemos logrado desencallar algunos asuntos pendientes de la legislatura anterior y dar continuidad a otros, que era uno de nuestros objetivos principales. Además, hemos empezado a implementar iniciativas de cosecha propia. Generalmente, se dice que el primer año de legislatura es para planificar, los dos siguientes para ejecutar y el último para presentar resultados. Creo que hemos conseguido realizar varias acciones importantes este año y muchas otras están en proceso. Han sido ocho meses que han parecido una década en términos de actividad y relación con los diferentes actores del sector, incluyendo pacientes, profesionales, industria y ciudadanía en general. Hemos intentado estar muy presentes y ahora toca continuar con tareas iniciadas en esta legislatura.

P. ¿Hay algún tema concreto del que se sienta especialmente orgulloso o que era especialmente necesario abordar?

R. El plan integral de prevención y control del tabaquismo es un hito importante, tanto por su impacto en la salud pública como por retomar políticas ambiciosas en este ámbito, en el que España se había quedado un poco descolgada. El tabaco sigue siendo la causa de mortalidad evitable más frecuente en España y con una carga de enfermedad en la población. Es una cuestión que estará presente en toda la legislatura mediante diversos cambios legales.

P. ¿Cuáles son los aspectos clave que se van a priorizar en lo que resta de legislatura?

R. La recuperación de la universalidad en el Sistema Nacional de Salud es una prioridad clara. También estamos trabajando en la ampliación de la cartera de servicios, especialmente en áreas como la inclusión de gafas y la salud bucodental. El nuevo plan de atención primaria para el periodo 2025-2027 y un nuevo plan de salud mental y prevención del suicidio también son esenciales. El próximo año será clave para estos proyectos, que esperamos tengan un impacto significativo y el siguiente hito será lo relacionado con las listas de espera.

P. Empezando por esto último. Cuando la ministra anunció medidas respecto a las listas de espera, se generaron reacciones de las comunidades autónomas. ¿Cree que puede haber conflictos competenciales?

R. En todo momento hemos actuado dentro de nuestras competencias. Por ejemplo, hemos creado un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial para modificar el Real Decreto 605/2003 sobre homogeneización de información en listas de espera, para asegurar datos precisos y actualizados. Además, hemos propuesto la creación de un fondo estatal para incentivar buenas prácticas, lo cual es una competencia nacional. Las quejas de intromisión competencial son infundadas, ya que muchas de las comunidades que se quejan han colaborado en otros ámbitos similares.

P. ¿Cómo van a abordar el aumento de la cartera de servicios en salud bucodental y óptica, considerando las limitaciones presupuestarias y las quejas de las comunidades autónomas por falta de recursos?

R. Las quejas por falta de recursos son comprensibles, ya que los recursos no son infinitos. Sin embargo, existen diferencias significativas en el gasto per cápita entre comunidades autónomas, de hasta un 50%, lo que refleja diferentes prioridades presupuestarias de las comunidades autónomas en respuesta a sus competencias. Este gobierno ha transferido más fondos a las comunidades autónomas que cualquier otro gobierno anterior. Esperamos que el incremento de la cartera de servicios, especialmente en gafas, sea una de las novedades del presupuesto de 2025.

P. La gobernanza del sistema es otro asunto de interés. ¿El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)es una conferencia sectorial?

R. El Consejo Interterritorial tiene consideración de Conferencia sectorial.

P. ¿Entonces, se tiene que regular por la Ley 40/2015 y el Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las conferencias sectoriales?

R. Ese real decreto establece que los diferentes ministerios deben regular sus conferencias sectoriales. Nuestro equipo jurídico está estudiando cómo se aplicará esto al Consejo Interterritorial y a la Comisión de Recursos Humanos, que también podría tener esta consideración. No hay grandes diferencias con otros ámbitos como educación o derechos sociales, donde la coordinación y cohesión entre territorios es esencial.

P. Pero en una conferencia sectorial, hay cuestiones que se deciden por votación

R. En el Consejo Interterritorial, se intenta que todas las decisiones se tomen por consenso. Si no es posible, se recurre a la votación, generalmente por mayoría.

P. ¿Actualmente por mayoría?

R. Sí, hay una referencia a una normativa que lo establece ya que es algo que hemos estudiado para algunos puntos de acuerdo. Ahora mismo, el funcionamiento del Consejo y las comisiones es que las decisiones se tomarán por consenso y, en caso de no ser posible, se votará. Esta práctica ya se lleva a cabo, y algunas decisiones recientes han sido aprobadas por la mínima, lo que demuestra la complejidad de generar consensos y mayorías.

P. En cualquier caso, ¿no cree necesario dar mayor seguridad jurídica al CISNS aclarando o actualizando su reglamento? Por ejemplo, los órdenes del día no se ajustan a los de una conferencia sectorial…

R. Los órdenes del día del CISNS se ajustan al reglamento vigente, que actualmente es el establecido. No obstante, nuestro equipo jurídico está evaluando si es pertinente actualizar dicho reglamento en base a la nueva normativa.

P. Ha mencionado varias leyes importantes, como la de universalidad, equidad y gestión pública. ¿Qué confianza tiene en que puedan salir adelante?

R. En un año con constantes elecciones, el desarrollo legislativo es complicado. Sin embargo, confío en que la aprobación de los presupuestos generales del Estado facilite la tramitación de estos textos legislativos. Por ejemplo, estamos convencidos de que la ponencia de la Ley de la Agencia de Salud Pública se iniciará después del verano, permitiendo trabajar en la fijación de sede y el régimen de la agencia. La Ley de Universalidad y la de Equidad deberían ser poco conflictivas, ya que recoge aspectos sueltos de la ley anterior. La Ley de Universalidad está en fase de interlocución con los grupos parlamentarios.

P. Lo que hemos visto es que se ha troceado la ley anterior, la ‘ley Darias’ para tratar de aprobarla, aunque sea por partes

R. Sí, para facilitar la aprobación y que sea también más rápido.

P. ¿Y sobre otros proyectos legislativos?

R. La Ley de Prevención del Consumo de Alcohol y protección de su daño en Menores es una de las prioridades y esperamos que su borrador esté listo pronto para ser presentado al Consejo de Ministros. Otros proyectos importantes incluyen la Ley de Garantías y el Estatuto Marco, en los que estamos trabajando para avanzar en la negociación con las organizaciones sindicales.

P. ¿Qué desafíos enfrenta la Ley de Gestión Directa y cómo planean abordarlos?

R. Estamos revisando todas las alegaciones recibidas durante la consulta pública y trabajando en la primera versión del texto, que circularemos entre los diferentes ministerios implicados.

P. Hay grupos que apoyaron la investidura que han planteado su rechazo a esta norma…

R. La ministra también ha sido clara en que vamos a regular para poner coto a los elementos perniciosos derivados de la ley 15/1997 sobre gestión privada del Sistema Nacional de Salud. Creemos que hay evidencia suficiente de que la gestión privada con ánimo de lucro se relaciona con peores resultados en salud.

P. Pero ¿eso no entra dentro de las competencias autonómicas en la gestión de servicios sanitarios con esta nueva ley?

R. Vamos a regularlo. La ley 15/1997 es una normativa estatal. Las comunidades autónomas gestionan en base a normativas estatales que habilitan o no ciertas formas de gestión. Lo que estamos haciendo es ejercer nuestras competencias propias, proporcionando un marco dentro del cual las comunidades pueden gestionar sus servicios de la mejor manera.

P. En este momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas tendrían una visión contraria a derogar la ley 15/1997, también con un difícil consenso en el Parlamento. ¿Es esta una de las cuestiones sobre las que, pese a saber que no se aprobarán ahora, quieren plantear debate para hacerlo realidad en el futuro?

R. Al principio de la entrevista decía que en este primer año hemos recogido un trabajo previo. Somos conscientes de la dificultad de alcanzar consenso, pero estamos trabajando para sentar las bases y facilitar el trabajo de futuros equipos. Si no logramos aprobar la ley ahora, al menos dejaremos un trabajo avanzado para que otros puedan continuarlo. Es fundamental ampliar los consensos sociales y generar debates que puedan llevar a la aprobación de estas leyes en el futuro. En cualquier caso, creo que, en función del alcance de la ley, Junts y PNV pueden llegar a verla con buenos ojos, especialmente en el ámbito del ánimo de lucro. En cualquier caso, no tengo problema en generar trabajo para los que vengan después. Tenemos que ensanchar el marco de lo discursivo. Nuestro objetivo es pasar de los lemas y mantras a políticas concretas y efectivas, pasar de la pancarta al Boletín Oficial del Estado. Queremos avanzar en ciertos ámbitos y, si bien es ideal lograr resultados en esta legislatura, no será un problema si queda sembrado el trabajo para el futuro.

P. ¿Esta misma filosofía es la que tiene en mente cuando habla de un cambio del modelo de retribución de las farmacias?

R. Sí, creo que es un ejemplo. Desde que comencé como diputado en la Asamblea de Madrid, siempre he planteado que no podemos hablar de la farmacia asistencial solo como un elemento para atraer clientes y fidelizarlos comercialmente. Si creemos que lo diferencial de una oficina de farmacia es su carácter como centro sanitario y la aportación de un profesional sanitario, entonces el servicio debe estar reflejado en la remuneración. No puede ser que solo se remunere en base a margen de beneficio, ya que esto genera un modelo de funcionamiento viciado. La forma en que pagamos los servicios es fundamental.

P. ¿Qué pasos se tomarán para avanzar en esta dirección?

R. Después del verano, comenzaremos una serie de reuniones y diálogos con los diferentes agentes del sector para actualizar el documento de consenso sobre atención farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, que es del año 2002, y conceptualmente es del siglo pasado. Queremos modernizarlo y comenzar a debatir sobre cómo remunerar adecuadamente estos servicios. Además, estamos desarrollando programas concretos donde esto puede materializarse, como la dispensación gratuita de preservativos en farmacias para jóvenes. Queremos que vaya acompañada de un servicio de educación y resolución de dudas, lo que justifica una remuneración adecuada. Además, creo que todo esto puede tener un impacto positivo sobre las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC) y otras que sin ser VEC también tienen dificultades.

Fotos: Mauricio Skrycky