PP y Junts alertan del riesgo de la Ley del Medicamento para la industria farmacéutica

La comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ha dejado al descubierto las discrepancias entre el Ejecutivo y los grupos de la oposición en materia de política farmacéutica. Aunque la ministra presentó datos de mejora en los tiempos de financiación, grupos como Junts per Catalunya y el Partido Popular (PP) centraron sus intervenciones en los riesgos que la nueva Ley del Medicamento y el modelo de gestión estatal suponen para el ecosistema industrial y el acceso real a la innovación.

Por su parte, Finalmente, el Partido Popular exigió a la ministra que deje de utilizar la política farmacéutica como "herramienta de confrontación" con las autonomías. La diputada Elvira Velasco instó a García a centrarse en la estabilidad del concierto con Muface, tras el aluvión de quejas de mutualistas por la reducción de cuadros médicos, un tema que la oposición vinculó con la infrafinanciación general del modelo sanitario y farmacéutico que defiende el actual Ejecutivo.

La representante de Junts, Pilar Calvo, manifestó que la nueva Ley del Medicamento "perjudica a la farmaindustria catalana", la cual representa el 52 por ciento del sector en España. La formación catalana criticó que el sistema de fijación de precios que promueve el Ministerio de Sanidad puede llevar "a la quiebra" a laboratorios históricos. Según Junts, priorizar el precio frente al valor terapéutico, tal como sugiere el enfoque de García, contraviene las recomendaciones europeas sobre competitividad.

Calvo alertó de que esta estrategia favorecerá las importaciones de principios activos procedentes de China e India, incrementando la dependencia exterior. "Provocará que los fabricantes del Estado no puedan competir y dejen de fabricar", advirtió la diputada de Junts, quien vinculó esta política con los actuales problemas logísticos para acceder a fármacos genéricos esenciales, como los tratamientos contra la hipertensión arterial pulmonar o fármacos para prevenir trombosis.

Retrasos en fármacos innovadores

A pesar de que García defendió que España financia el 80 por ciento de los medicamentos innovadores solicitados, la oposición denunció casos específicos de demora. Se puso el foco en el tratamiento B-VEC, el único existente para pacientes con "piel de mariposa". Junts reprochó a la ministra que, aunque Andalucía lo incorporó por su cuenta, el Ministerio de Sanidad sigue sin financiarlo de forma estatal, retrasando su llegada a niños que sufren heridas constantes y pérdida de movilidad.

En una línea similar, el PP criticó la "falta de rigor y transparencia" en la evaluación de tecnologías sanitarias. La oposición reclamó que el sistema español deje de estar "a la cola" en la incorporación de tratamientos ya aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Para los grupos críticos, la reducción de 170 días en los tiempos de tramitación anunciada por García no compensa la "opacidad" en los criterios de las comisiones de precios.

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elvira Velasco, utilizó su intervención en la Comisión de Sanidad para lanzar una dura crítica contra la política farmacéutica del Ejecutivo. Velasco acusó a la ministra Mónica García de ejercer una gestión carente de planificación que pone en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la relación con el sector industrial.

El PP reprochó a García que presuma de reducciones en los tiempos de financiación mientras miles de pacientes denuncian situaciones de "indefensión" ante la falta de acceso a tratamientos específicos. Velasco instó a la ministra a "dejarse de titulares" y a concretar medidas reales con los ministerios de Función Pública y Hacienda, ya que la reclasificación y la financiación de la innovación no dependen únicamente de Sanidad.

Incertidumbre en el modelo asistencial

Otro punto de fricción fue la situación de Muface y el concierto sanitario. El PP vinculó la política de recortes y la falta de diálogo ministerial con el "aluvión de quejas" de los mutualistas durante el último año. Velasco exigió una revisión profunda de los conciertos para evitar que la infrafinanciación degrade la calidad asistencial.

Finalmente, el Grupo Popular puso en duda la capacidad de la ministra para garantizar el suministro de medicamentos esenciales. Según la formación, la actual estrategia legislativa genera una incertidumbre que ahuyenta la inversión, pidiendo a García "humildad" para reconocer los fallos en la planificación farmacéutica estatal.

Conflictos competenciales y universalidad

La política farmacéutica también se vio salpicada por el debate sobre la universalidad. Junts acusó a García de utilizar reales decretos para imponer prestaciones "por la puerta de atrás", sin dotación presupuestaria y vulnerando las competencias autonómicas. La formación alertó de que el acceso a la cartera de servicios mediante una simple "declaración responsable" genera un efecto llamada que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, especialmente en trasplantes e intervenciones complejas donde las listas de espera "colapsan" por la presión del turismo sanitario.

García replicó que el Real Decreto de Universalidad solo busca "eliminar barreras administrativas" para cumplir una ley vigente desde 2018. Sin embargo, la oposición insistió en que el Gobierno central "decide unilateralmente la ampliación de derechos" pero deja la "carga económica y de gestión" a las comunidades autónomas.

Dudas sobre el modelo de terapias avanzadas

Incluso en los proyectos estrella del Ministerio, como el consorcio Certera, la oposición mostró recelos. Junts celebró que la dirección científica de terapias avanzadas se ubique en Barcelona, pero calificó de "arbitrario" que la sede administrativa se quede en Madrid. Según la formación catalana, el concurso para la sede estuvo "hecho a medida" mediante la exigencia de requisitos técnicos que favorecían directamente a la ubicación en Majadahonda.