El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha pedido al Ministerio de Sanidad que el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema de Salud respete el modelo sanitario catalán, “que se caracteriza por la diversidad de entidades proveedoras que, durante años, han contribuido a la accesibilidad y a la calidad de la atención del sistema público de salud”.
En su escrito, el CSC considera, también, que el texto “puede suponer una injerencia en las competencias en materia de sanidad de las comunidades autónomas y, especialmente, en el artículo 162 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”. Así lo defiende en el documento Aportaciones al proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema de Salud, presentado en la consulta pública abierta por el Ministerio de Sanidad entre los pasados 13 y 28 de mayo.
Según detalla el documento, la priorización de la gestión pública directa o la reversión de la gestión indirecta por entidades de titularidad privada que plantea la ley resulta “difícil y poco razonable”. Según explica el CSC, el mapa de proveedores de servicios sanitarios financiados públicamente en Cataluña está compuesto por un elevado número de instituciones sin ánimo de lucro y entidades de economía social y solidaria, muchas de ellas “con una larga trayectoria y surgidas del esfuerzo colectivo de la sociedad civil”. Entre ellas, asociaciones, fundaciones, mutualidades, instituciones religiosas, cooperativas y sociedades profesionales.
Además, el CSC alega que los servicios sanitarios que prestan estas entidades, sea cual sea su titularidad y forma de gestión, están sometidos a los mismos criterios de planificación y control para asegurar la equidad en el acceso y en los objetivos de salud establecidos en el Plan de Salud. “El sistema es transparente en la contratación de servicios en las diferentes líneas asistenciales (atención hospitalaria, atención primaria, atención intermedia y salud mental), en su evaluación por parte de la Central de Balances (central pública de evaluación económica) y de la Central de Resultados (central pública de evaluación de la eficacia clínica)”, señala el documento del CSC, que siempre ha defendido la necesidad de poner el foco en la calidad de la atención y en los resultados en salud.
Por otra parte, el CSC comparte las pretensiones de la ley de impedir la mercantilización de los servicios sanitarios de financiación pública, pero considera necesario “mantener invulnerable” el ámbito competencial de las comunidades autónomas y, en este caso, de la Generalitat. Concretamente, indica que el texto presentado por el Ministerio de Sanidad podría vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las “bases y la coordinación general de la sanidad” y el artículo 162 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, el cual atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre la organización, el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios.
