“El oro y el dinero de ahora son los datos”. Con esta afirmación Piedad Álvarez de Arriba, comisaria principal y jefa de unidad de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, quiso ayer concienciar a los farmacéuticos y a toda la ciudadanía sobre la importancia de extremar el cuidado y el tratamiento responsable de los datos personales a través de medios digitales.
El crecimiento de la ciberdelincuencia, los delitos que se cometen a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es “exponencial”, según subrayó la comisaria en la sesión formativa Ciberseguridad aplicada a la farmacia.
Organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, la jornada evidenció la dimensión de este gran desafío del siglo XXI y permitió conocer recomendaciones útiles para prevenir fraudes y ciberataques, como expuso en su presentación Francisco Fernández, director general del COFM.
En 2022 se registraron un total de 374.737 ciberdelitos, un 22 % más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior de una tipología de delitos online que está desplazando a los delitos tradicionales.
Esta progresión se explica, en opinión de la comisaria, por la falta de conciencia social sobre los riesgos del uso de las TIC. “No tenemos sensación de peligro en Internet”, aseguró. Alertó así sobre las claves almacenadas en el ordenador y la vulnerabilidad de los sistemas, el envío de datos personales a través de las redes sociales o el uso de la inteligencia artificial que hacen los ciberdelincuentes para personalizar los ataques simulando, por ejemplo, la voz, entre otras amenazas que dejan al descubierto información sensible.
Puso, además, en relación el incremento de los suicidios registrados, en especial de jóvenes, con el aumento de casos de extorsión y chantaje a través de redes sociales.
“Con la globalización de la economía y la digitalización creciente, la seguridad ha quedado en un segundo plano”, advirtió Piedad Álvarez.
Además de esta falta de concienciación social, la lucha contra la ciberdelincuencia se ve obstaculizada por una legislación pensada para luchar contra los delitos tradicionales, admitió la comisaria. Algunas de las trabas que encuentra la persecución de estos delitos es el cumplimiento de los requerimientos legales, que provoca que las investigaciones sean lentas, así como el uso de direcciones ocultas en países donde no existen convenios de colaboración policial difíciles de rastrear o la utilización de redes protegidas para conectarse. En cualquier caso, “la delincuencia online deja un rastro que podemos seguir”, aseguró.
Farmacias ilegales
“El cierre de una farmacia ilegal por mandato judicial puede llevar un plazo de una a tres semanas” explicó Marta Fernández Alvite, inspectora de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, si bien la investigación de la autoría para presentar las pruebas ante la justicia aconseja, en muchos casos, mantenerla abierta para evitar que el delincuente siga abriendo nuevos accesos en Internet a través de direcciones distintas.
Profundizó Marta Fernández en casos recientes investigados por la Policía Nacional relacionados con la falsificación de recetas y la incautación de medicamentos ilegales. “No son ataques sofisticados, sino que se trata de engaños al usuario que se aprovechan del eslabón más débil de la cadena”, explicó.
Medicamentos contra la disfunción eréctil, adelgazantes, ansiolíticos o abortivos siguen encontrándose entre los fármacos más vendidos fuera del canal autorizado de la farmacia. Este tráfico ilegal ofrece márgenes de beneficio del 20.000 % y se aprovecha del establecimiento de penas bajas de tres meses a tres años de máximo de prisión, que establece el artículo 361 del Código Penal.
En muchos casos, estas farmacias ilegales que operan en Internet alojadas en servidores extranjeros realizan sus envíos a través de Correos o empresas de paquetería en formato de carta por su bajo peso, que no se pueden escanear por protección de datos.
La colaboración de los farmacéuticos contra la ciberdelincuencia, como profesionales sanitarios expertos en el medicamento, resulta de especial valor para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que esta denuncia “es ya por su origen una razón de peso para investigar”, según reconoció la inspectora.
Si se trata de una falta de ámbito administrativo recomendó notificar a la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios y, en el caso de que tenga relevancia penal, contactar con la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
