La falta de acuerdo entre PSC y ERC alejan la posibilidad de que el próximo día 25 el Parlamento de Cataluña pueda abordar el proceso de investidura. Los nacionalistas de izquierda han demandado al candidato socialista, más votado en las pasadas elecciones, Salvador Illa, la salida del régimen común de financiación y optar por un sistema similar al de País Vasco o Navarra. Por el momento, Illa ha pedido "más tiempo" para negociar.
La financiación, una cuestión clave para el funcionamiento de los servicios que prestan las comunidades autónomas, y de forma muy especial en el caso de la sanidad, se ha convertido en el escollo contra el que los equipos negociadores de socialistas y nacionalistas se han estrellado, por el momento de forma irreversible. La postura de ERC es clara, la portavoz republicana, Raquel Sanz, ha señalado que la única forma de que los socialistas obtengan sus votos en el Parlamento, es comprometiéndose a "sacar a Cataluña del régimen común" y darle un régimen fiscal similar a las denominadas comunidades de cupo, como son Navarra y País Vasco. La respuesta de los socialistas, la daba el lunes el exministro Illa: por el momento solamente están dispuestos a conceder "singularidades" que mejoren el sistema de financiación autonómica, "por una cuestión de justicia", según Illa.
Con esta situación, Illa no ve posibilidades de conseguir un acuerdo para "poder articular una mayoría progresista", según declaraba a la Cadena SER y pospone su primer asalto al proceso de investidura el próximo día 25. Tampoco se conoce si ahora mismo alguna otra fuerza presentará algún candidato y si finalmente todo este proceso desembocará en otro nuevo adelanto electoral.
Mientras tanto, el resto de comunidades autónomas miran con suspicacia el posible acuerdo entre socialistas y nacionalistas asegurando que toda la operación es una "mera compra de votos", según el presidente Murciano, López Miras; "insulto al resto de comunidades", según el presidente de Comunidad Valenciana, Mazón; o simplemente "injusto", en palabras del andaluz Moreno Bonilla.
Todo ello, en un contexto de prórroga de presupuestos y de una situación política que no avanza desde el pasado mes de marzo, no resulta positivo para aclarar el panorama político y de gestión administrativa en Cataluña. Sin tiempo para aprobar unas nuevas cuentas para este ejercicio y con el panorama de un adelanto electoral, el próximo año muy probablemente la comunidad catalana tenga que empezarlo con una nueva prórroga presupuestaria.
La sanidad será una de las áreas más afectadas, ya que con un acuerdo de gobierno, se podrían activar alguna de las partidas presupuestarias extra previstas ya en las cuentas presentadas para este año y que no fueron aprobadas (aproximadamente 1.000 millones de euros). Estas partidas iban dirigidas a la contratación de médicos, al desarrollo de atención primaria y a garantizar los niveles mínimos que garanticen la actividad.
Desde diversos sindicatos, conscientes de la situación que se avecina, especialmente para este verano, se han realizado diversas manifestaciones en favor de activar medidas. Satse incluso ha pedido la ampliación del crédito presupuestario destinado a contingencias especiales para destinarlo a sanidad.
Por el momento, el consejero Balcells ya ha anunciado el cierre del 20% de las camas hospitalarias este verano, asegurando que "no hay recortes" y que en la actualidad, al presupuesto prorrogado se le ha añadido un suplemento de crédito de 661 millones de euros, que el consejero considera suficiente para superar, al menos esta etapa estival.
Lo que queda bastante lejos es la alternativa programática que ofrecieron los socialistas en su programa electoral. Por el momento que la sanidad catalana disponga de una inversión equivalente al 7% de su PIB queda bastante lejana... así como otras cuestiones como la nueva distribución sanitaria para dar equidad territorial a los recursos, o la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
Todas esas cuestiones deberán esperar o bien a un acuerdo para iniciar una legislatura o deberán dormir en el cajón de los planes y proyectos ante una nueva convocatoria electoral, que podría llegar para el mes de septiembre.
