El Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) evidenció este miércoles una vez más la falta de consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas respecto a las principales reformas del sistema sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó de forma categórica la solicitud formulada por la totalidad de los gobiernos autonómicos para reiniciar desde su fase inicial la negociación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario. Por otro lado, el departamento ministerial accedió a posponer hasta el mes de septiembre la aprobación de los nuevos criterios comunes para el recuento y la medición de las listas de espera en el conjunto del país.
Durante la sesión plenaria, celebrada de forma telemática, la posición conjunta suscrita por las 17 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla plantean abrir un nuevo proceso de negociación del Estatuto Marco que incorpore un diálogo con lealtad institucional para alcanzar un acuerdo. Esta propuesta cuenta con el rechazo expreso de las organizaciones médicas, que en el mes de junio protagonizaron su quinta jornada de huelga contra la reforma impulsada por el Ejecutivo.
En la comparecencia de prensa posterior a la reunión, la ministra contrapuso la petición autonómica con los compromisos ya adquiridos con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación. García aseveró que no se saltará la ley ni dejará en suspenso la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, defendió la validez del preacuerdo alcanzado en enero con las centrales CCOO, UGT, CSIF y SATSE.
La titular de Sanidad acusó a los ejecutivos regionales de actuar de manera contradictoria frente a las demandas sindicales y las huelgas convocadas en el sector. A juicio de la ministra, las autonomías piden eliminar del debate la reducción de la jornada y el fin de las guardias de 24 horas, al tiempo que responsabilizan al Ministerio de no atender tales reivindicaciones. García reiteró que existen las condiciones económicas y de plantilla idóneas para afrontar la reforma legislativa sin volver a poner el contador a cero.
Aplazamiento de los criterios de listas de espera
El segundo punto de debate del pleno abordó la modificación de los indicadores de las listas de espera para actualizar un Real Decreto vigente desde el año 2003. Las autonomías solicitaron al Ministerio de Sanidad posponer la aprobación de los nuevos criterios comunes al considerar que un asunto de tal envergadura técnica exige un análisis riguroso en el seno de la Comisión Delegada. Las comunidades alegaron además que sus observaciones y alegaciones no figuraban en el borrador sometido a votación.
Sanidad aceptó la petición de conceder más tiempo a los equipos autonómicos con el compromiso de retomar la norma en septiembre. García justificó la urgencia de actualizar la norma para dotar de mayor transparencia y trazabilidad a la información sobre los tiempos de atención, diferenciando entre patologías y tipos de consulta. En palabras de la ministra, la reforma busca poner herramientas digitales al servicio del ciudadano para conocer la situación real de los accesos a la atención primaria y especializada.
Por otra parte, Sanidad presentó durante el pleno el atlas asistencial para la atención del paciente politraumatizado grave. Este proyecto pretende cartografiar las isocronas para asegurar que los lesionados por traumas complejos reciban asistencia en centros con la cartera de servicios adecuada dentro del menor tiempo posible, replicando la estrategia aplicada en patologías tiempo-dependientes como el ictus.
Posicionamiento sobre la Ley del Tabaco
García aprovechó la comparecencia para valorar las reacciones suscitadas por la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Tabaco. La responsable de la cartera sanitaria defendió la decisión de extender los espacios libres de humo a las terrazas de bares y restaurantes, situando a España "en la vanguardia de la protección de la salud pública y en consonancia con las recomendaciones emitidas por la Unión Europea en 2024".
Frente a las advertencias del sector hostelero sobre posibles perjuicios económicos, la ministra sostuvo que la experiencia de la prohibición de fumar en interiores implantada en 2010 demostró la falsedad de los augurios catastrofistas. García recalcó que la medida persigue defender la salud de la ciudadanía y garantizar que los trabajadores de la hostelería no permanezcan expuestos de manera continuada al humo del tabaco durante sus jornadas laborales.
Lilisbeth Perestelo: 
