La Comisión de Atención Primaria y Comunitaria (Capyco), de la que forman parte todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con el Minsiterio de Sanidad, han dado este lunes, en su primera reunión, luz verde al reparto autonómico de 172 millones de euros, destinados a la mejora e implementación de diversos programas de los sistemas territoriales de salud. Esta decisión deberá ser posteriormente ratificada por el Consejo de Ministros y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según informa el Ministerio de Sanidad, esta cuantía general se divide en dos grandes apartados. Por un lado 85 millones de están destinados a la formación de profesionales, a desarrollar las acciones de atención primaria (que contempla la estrategia del primer nivel asistencial), a mejorar la calidad asistencial, a impulsar la práctica basada en evidencia y al desarrollo de estrategias de salud comunitaria. Y por otro lado, se destinarán 87 millones de euros dar continuidad a las actuaciones en materia de infraestructuras y equipamiento en Atención Primaria y Comunitaria.
En la reunión, también se ha dado a conocer el resultado de la evaluación de la ejecución de fondos repartidos a las comunidades autónomas, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2023. Según indica el Ministerio de Sanidad dicha evaluación ha resultado positiva ya que las comunidades autónomas han ejecutado más del 80% en obras, infraestructuras y equipamientos y el 90% de los fondos destinados a la implantación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.
Esta ha sido la primera reunión de esta nueva comisión. Según el reglamento, la Capyco se reunirá de forma ordinaria una vez cada trimestre, previa convocatoria realizada por la presidencia, que ocupa el secretario de Estado Javier Padilla, con una antelación mínima de cinco días hábiles.
La finalidad de esta Conferencia Sectorial es analizar, debatir, proponer y desarrollar los asuntos en materia de atención primaria y comunitaria que deban someterse al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y aquellos otros que, sin necesidad de llegar a pleno, deban examinarse para garantizar la adecuada coordinación y cohesión de las políticas de atención primaria y comunitaria del SNS.
