El rechazo por parte del Congreso del dictamen de la Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) ha supuesto un auténtico varapalo para las aspiraciones del Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García, que con esta norma llevaba su primera ley de gran calado a su ratificación por la Cámara Baja.
Aunque la creación de la Agencia ya se encontraba en la Ley de Salud Pública de 2011 y después de años de abandono fue recuperada por Carolina Darias en 2022 al hilo del momento pospandémico como receptáculo de todas las lecciones que España aprendió del covid, no es menos cierto que la norma decayó en 2023 por el proceso electoral y fue recuperada en enero de 2024 por el gabinete de Mónica García para su aprobación definitiva, con algunos cambios.
La tramitación no fue fácil; sin embargo después de dos enmiendas a la totalidad de Junts y PNV, dos socios esenciales del Gobierno al mes de llevar el proyecto al Parlamento y 96 enmiendas parciales y numerosos cambios y añadidos como el referente al juego o a la innovación incremental, García contaba con dar el pistoletazo de salida a esta norma que ella misma había calificado de “urgente”.
La realidad no ha sido así y ni el apoyo desde la tribuna del director de Salud Pública, Pedro Gullón y del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, blanco de todas las críticas han servido para dar el respaldo que esta ley necesitaba en el Congreso.
Ahora, ante el nuevo escenario, la ministra no ceja en su empeño. Después de la jornada bronca la ministra ha asegurado que el Ministerio insistirá en su tramitación. “La volveremos a traer, porque de lo que estamos hablando es de la protección de la salud pública, de la importancia de la vigilancia epidemiológica y de lo que hemos aprendido durante la pandemia”, ha afirmado García.
La titular de Sanidad ha explicado que el Ministerio ya estudia “la manera jurídica que sea posible” para reactivar el debate parlamentario y aprobar la Aesap. Las posibilidades no son muchas si se quiere hacer rápido. Las más factibles serían un real decreto-ley o una proposición de ley de los grupos parlamentarios, opciones muy utilizadas a lo largo de la legislatura para acortar plazos evitando los informes preceptivos de un proyecto de ley.
Mónica García ha acusado al PP y a Vox de “miopía política” y de situarse al margen de la evidencia científica. Sin embargo no ha sido igual de contundente con Junts, su socio y a priori clave para obtener la mayoría. García ha reconocido que desconoce las razones del voto en contra, aunque considera que responden a “motivaciones de corto alcance”.
“Si hoy viniera una gripe aviar u otra pandemia, estaríamos más desprotegidos por culpa de la irresponsabilidad”, ha sentenciado la ministra