Cumpliéndose el filo del plazo para la presentación de alegaciones, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han presentado de forma conjunta sus alegaciones al texto del anteproyecto de Ley de Medicamentos dado a conocer por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril.
Los once territorios en manos del PP han anunciado que rechazan en su conjunto un texto, que en diferentes grados ha sido criticado por todo el sector farmacéutico. La queja popular corresponde fundamente a que Sanidad “ignora” las competencias autonómicas hasta el punto, según han indicado, de excluir a los territorios en la evaluación de tecnologías sanitarias; la eliminación de responsabilidades autonómicas “clave”, así como la el concepto de medicamento de primer prescripción, los denominados precios seleccionados y el copago.
Las CC.AA. autónomas indican además que el texto de sanidad “excluye a las comunidades autónomas de un proceso que debería haber contado con su participación efectiva a través de la Comisión Permanente de Farmacia, órgano delegado del Consejo Interterritorial que ha sido ignorado en esta reforma”.
El PP ha exigido al Ministerio de Sanidad y al Gobierno que respete las competencias autonómicas y construya el texto final desde una "cogobernanza real", a fin de "mejorar" la operatividad del SNS y "garantizar" la calidad de la atención sanitaria para todos los ciudadanos.
Con la llegada de las alegaciones de las comunidades autónomas se cerrará prácticamente el ciclo de revisiones que se han presentado al texto del Ministerio, actualmente en fase de exposición pública. Industria farmacéutica, colegios, farmacia comunitaria, distribución, también han anunciado la presentación de propuestas para modificar la ley.
El pasado 10 de abril, ante el aluvión de críticas que ha recibido el anteproyecto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla aseguró que “cualquiera que venga con una propuesta sobre la mesa, la estudiaremos sin ningún tipo de duda, porque no tenemos ningún tipo de fetiche con ningún modelo concreto”
Eso sí, el objetivo de la norma es que las propuestas garanticen la “promoción de movimiento de precios que permitan que los genéricos y biosimilares entre de mayor manera con un menor precio de lo que estamos teniendo ahora para garantizar la sostenibilidad”. “El mandato es muy claro, aumentar la competitividad en un país que en general prescribe menos genéricos que la media y tiene unos genéricos más caros que la media. Y eso ocurre porque ahora mismo tenemos un sistema que en términos generales no permite una correcta competencia”, ha explicado.