Medicamentos veterinarios: Aguilar alerta en el Congreso del uso irregular de la cesión

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar Santamaría, compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en el seno de la subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario, donde centró su intervención en la dispensación de medicamentos veterinarios para animales de compañía, no para instalaciones ganaderas, y en las garantías sanitarias del modelo.

Aguilar intervino en representación de la profesión farmacéutica, que agrupa a “más de 81.000 profesionales expertos en el medicamento”, y trasladó su apoyo a las reivindicaciones del colectivo veterinario para que puedan ejercer “con la flexibilidad y seguridad jurídica necesaria en la prescripción” y con el reconocimiento adecuado de su labor.

El presidente del Consejo General estructuró su intervención en tres bloques. Por un lado, el contexto y explicar qué está pasando; en segundo lugar, abordó las prácticas que ahora mismo están sucediendo y, por último, expuso sus recomendaciones.

En el primer bloque, Aguilar situó el origen del debate en la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que definió como “una norma concebida para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios”.

Explicó que esta norma se enmarca en la estrategia nacional y europea frente a las resistencias antimicrobianas y que introduce mecanismos de control sobre el uso de antibióticos en veterinaria. Entre ellos, destacó la implantación del sistema Presvet, que obliga a comunicar todas las prescripciones de antibióticos y que comenzó a aplicarse en 2024 para animales productores de alimentos y en 2025 para animales de compañía.

Según señaló, la extensión de este sistema a los animales de compañía permitió disponer de información detallada sobre las prácticas de prescripción y dispensación, lo que, a su juicio, puso de manifiesto determinadas disfunciones en el uso del medicamento veterinario. En concreto, afirmó que el sistema ha evidenciado un uso inadecuado de la figura de la cesión de medicamentos desde clínicas veterinarias.

En este sentido, recordó que la cesión está contemplada legalmente como una herramienta excepcional, limitada a casos concretos y sin ánimo de lucro, pero advirtió de que “no se estaba utilizando como herramienta excepcional, sino como práctica reiterada e incompatible con la ley”.

En el segundo bloque, centrado en las implicaciones de estas prácticas, Aguilar advirtió de su impacto sobre la salud pública, especialmente en relación con el uso de antibióticos. Señaló que el 70% de las prescripciones en animales de compañía se concentran en tres principios activos (amoxicilina, metronidazol y doxiciclina) de los 33 disponibles y alertó de que esta situación favorece la aparición de resistencias antimicrobianas.

Separación prescripción-dispensación

Asimismo, defendió la separación entre prescripción y dispensación como un principio esencial del sistema sanitario. “Esta separación no es un formalismo, es un pilar básico del ordenamiento jurídico que garantiza que quien decide el tratamiento lo hace solo y exclusivamente en función de un criterio científico y clínico, no de un beneficio económico o de una disponibilidad limitada de medicamentos”, afirmó.

En este contexto, señaló que las clínicas concentran el 77% del mercado de medicamentos veterinarios, más de 392 millones de euros, pese a que la normativa establece que estos deben entregarse sin ánimo de lucro y de forma excepcional, y advirtió de la falta de transparencia en los precios y de posibles distorsiones en el sistema.

Aguilar rechazó además que exista un problema general de acceso a medicamentos desde las farmacias y aseguró que la distribución farmacéutica dispone del 97% de los antibióticos veterinarios dispensables. En su opinión, el problema radica en los formatos, ya que “la mitad de las presentaciones comercializadas de antibióticos veterinarios no están adaptadas para poder ser dispensadas por las farmacias”, con envases alejados de las pautas posológicas habituales.

Entre las propuestas planteadas, Aguilar reclamó garantizar el cumplimiento estricto de la ley en la separación entre prescripción y dispensación, reforzar las medidas de inspección para evitar el uso fraudulento de la cesión y mejorar el acceso seguro al medicamento veterinario mediante la adaptación de los formatos.

En este sentido, instó a la industria farmacéutica veterinaria a comercializar envases adecuados a las pautas posológicas, muchos de ellos ya autorizados, y pidió no modificar un modelo que, a su juicio, ofrece garantías. “Enfoquemos el problema donde está, y no rompamos un modelo garantista que funciona”, señaló.

Aguilar cerró su intervención defendiendo que el debate no es corporativo, sino sanitario. “Defender que los medicamentos veterinarios se dispensen en las farmacias no es defender a un colectivo, es defender la salud pública, el enfoque One Health, la seguridad del medicamento, la transparencia y la prevención de resistencias antimicrobianas”, concluyó.

Debate con los portavoces

El diputado del Grupo Popular, Antonio Cavacasillas, subrayó el papel de la red de farmacias en el sistema sanitario, especialmente en el medio rural, donde en muchos casos constituye “el primer y casi único recurso sanitario disponible”.

Cavacasillas defendió un modelo de colaboración entre veterinarios y farmacéuticos basado en la coordinación y el respeto a las competencias, “no desde la sustitución y la invasión de funciones”. Al mismo tiempo, expresó preocupación por la “carga burocrática excesiva” derivada de algunas normas recientes y advirtió de sus posibles efectos sobre el acceso, el encarecimiento de los tratamientos y el riesgo de desabastecimiento.

En su respuesta, Aguilar evitó cuestionar el control normativo, aunque admitió que en algunos aspectos “se ha pasado de frenada en este decreto en algunos puntos”. No obstante, rechazó parte de las críticas sobre carga administrativa y aclaró que determinadas obligaciones, como el doble registro, “solamente son las explotaciones ganaderas”, y no afectan al conjunto de la práctica clínica en animales de compañía.

Desde el Grupo Socialista, Alba Soldevilla centró su intervención en cuestiones técnicas relacionadas con el funcionamiento del sistema, como la “dificultad que existe para cumplir la cascada terapéutica” y la posibilidad de prescribir medicamentos de uso humano en veterinaria.

Asimismo, puso el acento en la necesidad de reforzar la cooperación entre veterinarios y farmacéuticos y planteó qué mecanismos podrían mejorar el uso responsable de los medicamentos y facilitar el acceso. También retomó el problema de los formatos y solicitó una valoración sobre los principales retos del sistema de medicamentos veterinarios en España.

Aguilar respondió a esta cuestión respaldando el uso de medicamentos humanos en veterinaria, aunque limitado al marco legal vigente, y señaló que “está contemplado como lo que es una prescripción excepcional”. Además, insistió en que uno de los problemas de fondo radica en los formatos disponibles, que no siempre se ajustan a las pautas de tratamiento.

El diputado de Vox, Ricardo Chamorro, coincidió en enmarcar el debate como una cuestión sanitaria y no corporativa y defendió la centralidad del veterinario en la toma de decisiones clínicas. “Es quien diagnostica, quien conoce la explotación, quien asume la responsabilidad y quien decide”, afirmó.

Chamorro advirtió del riesgo de avanzar hacia un “modelo burocrático” que no se adapta a la práctica profesional y puede ralentizar la toma de decisiones. En este sentido, alertó de que en muchos contextos “muchas decisiones tampoco pueden esperar” y planteó si el exceso de requisitos normativos puede comprometer la agilidad asistencial.

En respuesta, Aguilar delimitó el alcance de su intervención al ámbito de animales de compañía y evitó entrar en el funcionamiento de explotaciones ganaderas. Subrayó que su planteamiento no cuestiona el papel del veterinario, al que reconoció como profesional sanitario, pero defendió que el medicamento debe regirse por las normas del sistema sanitario y no por el ámbito agrícola. “Hace falta que se rijan por los sistemas de Sanidad, no por los sistemas de Agricultura”, afirmó.

Por su parte, la diputada de Sumar, Viviane Ogou, reconoció que el modelo defendido por Aguilar se basa en la separación entre prescripción y dispensación, pero puso el foco en las dificultades de acceso derivadas de la realidad territorial. Señaló que existen zonas donde “no tienen esa misma facilidad”, tanto en entornos rurales como en municipios con dispersión geográfica.

Ogou planteó el reto de garantizar la disponibilidad efectiva de medicamentos en todo el territorio y señaló que el farmacéutico “no siempre lo sabe” en relación con determinadas especificidades clínicas. También cuestionó cómo compatibilizar el modelo actual con la disponibilidad real de tratamientos y planteó dudas sobre el enfoque en resistencias antimicrobianas.

Ante estas cuestiones, Aguilar defendió que no existe un problema general de acceso desde la red farmacéutica y sostuvo que el sistema cuenta con disponibilidad suficiente de medicamentos. En su planteamiento, el problema se concentra en los formatos y en el uso de determinadas prácticas fuera del marco previsto.

La diputada de Esquerra Republicana, Etna Estrems, situó su intervención en la búsqueda de acuerdos y defendió la necesidad de garantizar el acceso a los tratamientos desde el criterio clínico del veterinario. En este sentido, planteó la posibilidad de acceder a distintos formatos y, cuando sea necesario, a medicamentos de uso humano.

Estrems incidió en el impacto económico de las limitaciones actuales y señaló que en algunos casos el medicamento veterinario “supone más del doble de costo del tratamiento”. Además, rechazó que el debate responda a intereses económicos y lo centró en el acceso de los animales a los tratamientos, defendiendo que la solución debe abordarse en el marco de la Ley del Medicamento.

En su turno de respuesta, Aguilar reforzó este argumento con datos de coste y puso como ejemplo que una presentación de amoxicilina-clavulánico 500/125mg de uso humano puede situarse en 5,84 euros, frente a 94,5 euros en el ámbito veterinario. Al mismo tiempo, insistió en que el uso de medicamentos humanos en veterinaria es una opción y así está regulado debe mantenerse en la normativa con carácter excepcional y en el cumplimiento del marco regulatorio vigente.

Siguiendo con el aspecto del coste, Aguilar expuso que al integrarse el coste de los medicamentos dentro de los honorarios profesionales de las clínicas, estos terminan tributando con un IVA del 21%, en lugar del 10% que corresponde legalmente a los medicamentos. Esta distorsión fiscal, sumada a que el 77% del mercado está concentrado en centros que deberían realizar una cesión sin ánimo de lucro, supone un sobrecoste estimado para los ciudadanos de entre 45 y 65 millones de euros anuales.