La compra pública innovadora gana peso estratégico en el nuevo Estatuto del CDTI

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 263/2026, de 1 de abril, por el que se aprueba el nuevo Estatuto del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Esta actualización normativa sustituye al reglamento vigente desde 1986 con el objetivo de adaptar la entidad a la Ley de la Ciencia y a la normativa de régimen jurídico del sector público. El nuevo texto consolida la denominación del centro y su configuración como agente de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La norma establece que el CDTI impulsará la investigación y la implantación de la innovación para estimular la generación de conocimiento y su transferencia. El estatuto precisa que este impulso debe realizarse en beneficio del bienestar social, la salud y las condiciones de vida de las personas. Asimismo, el documento determinó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos por la Organización de Naciones Unidas, orientarán la actuación general de la entidad.

Esta norma actualiza el régimen jurídico de la entidad para adecuarla a la Ley de la Ciencia y potenciar su papel como agente de financiación del sistema investigador. Entre las novedades más relevantes, el texto legal otorga al centro funciones específicas para desarrollar políticas, planes y estrategias en materia de compra pública de innovación.

El estatuto vincula de forma directa la actividad del centro con la creación de una cultura de la innovación que beneficie el bienestar social, la salud y las condiciones de vida. Para alcanzar este objetivo, el CDTI impulsará la participación activa de los agentes públicos de ejecución en la implantación de nuevas tecnologías. La norma permite a la entidad llevar a cabo las medidas de financiación necesarias para estimular la investigación de calidad y su posterior transferencia al tejido productivo y social.

Estrategia en compra pública

El nuevo marco normativo faculta al centro para liderar, junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el diseño de las estrategias de compra pública de innovación en el ámbito de la Administración General del Estado. Asimismo, el centro podrá promocionar la explotación industrial de las tecnologías desarrolladas por centros públicos o privados. El estatuto contempló el apoyo a la fabricación de preseries y la comercialización de nuevos productos, especialmente en mercados exteriores. Para ello, el CDTI podrá utilizar diversos instrumentos financieros, incluyendo la concesión de subvenciones, créditos, préstamos y ayudas parcialmente reembolsables.

Gobernanza y asesoramiento especializado

La estructura de mando del centro garantizó la coordinación ministerial necesaria para estas políticas de compra tecnológica. El Consejo Rector contará con representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Ministerio de Industria y Turismo y del Ministerio de Hacienda. Esta composición facilitó la alineación de los objetivos de innovación con las capacidades presupuestarias y las necesidades industriales del país.

Finalmente, el nuevo texto creó un Consejo Asesor como órgano consultivo integrado por hasta 20 personas de reconocido prestigio y experiencia. Este grupo proporcionará orientación estratégica y asesoramiento especializado para que la entidad ejerza sus funciones de fomento tecnológico con mayor eficacia. La Dirección General se encargará de gestionar estas actuaciones atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

Respecto a la compra pública de innovación, el centro asume el desarrollo de políticas, planes y estrategias en esta materia dentro del ámbito de la Administración General del Estado. Esta función se realizará de forma conjunta con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El texto también faculta a la entidad para proponer la constitución de sociedades mercantiles y participar en fundaciones o asociaciones cuando sea imprescindible para sus fines.

Nueva estructura de gobernanza

La estructura organizativa quedó integrada por el Consejo Rector y la Presidencia como órganos de gobierno, y la Dirección General como órgano ejecutivo. El estatuto introdujo un Consejo Asesor como órgano colegiado consultivo para proporcionar orientación estratégica y asesoramiento especializado. Este órgano estará formado por un máximo de 20 personas de reconocido prestigio en materias vinculadas a las competencias del centro.

El régimen de personal continuó bajo las normas del derecho laboral, con procesos de selección basados en la igualdad, mérito y capacidad. El estatuto garantizó el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en la designación de los titulares de sus órganos. El centro mantuvo su autonomía de gestión y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines primordiales.