La heterogénea financiación del SPD, principal causa de su desigual implantación

La implantación de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) en la farmacia comunitaria española avanza sobre una base claramente desigual. La principal causa parece ser la ausencia de una financiación homogénea de este servicio en las distintas zonas de España ya que, en caso de haber concertación, esta puede ser con el servicio de salud, con la diputación provincial, con un ayuntamiento o con la consejería con responsabilidad sobre el ámbito rural, entre otros.

Así se recoge en un informe impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y elaborado por la consultora Hiris que ha analizado la situación de los SPD en las diferentes provincias españolas.

Durante la presentación del informe, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, aseguró que el SPD ya es “una realidad consolidada” en España y su utilidad está acreditada tanto por la experiencia de las farmacias como por la valoración de los pacientes. El presidente del Consejo General defendió que estos sistemas ayudan a mejorar la adherencia, refuerzan la seguridad en el uso de los tratamientos y favorecen mejores resultados en salud, aunque advirtió de que el desigual apoyo institucional entre comunidades autónomas impide que el servicio llegue todavía a todas las personas que podrían beneficiarse de él.

El informe, que incluye una encuesta a usuarios y oficinas de farmacia permite achacar a la financiación la principal explicación de que ese despliegue no se traduzca en un acceso homogéneo para los pacientes que podrían beneficiarse del servicio. Solo el 26% de las farmacias dispone de algún convenio institucional para ofertarlo y apenas el 6% de los pacientes que usan SPD lo recibe con financiación pública.

Ese dato ayuda a entender la fotografía territorial que se observa a partir del propio estudio. Se trata de un servicio con presencia en casi todo el país, pero en muchas comunidades se trata de iniciativas puntuales y localizadas en algún municipio. Por ese motivo, la existencia del servicio en casi todo el país al ver el mapa de las comunidades autónomas no equivale a una cobertura uniforme, ya que los programas conveniados se dirigen a grupos concretos y se articulan con criterios y niveles de apoyo distintos.

La heterogeneidad aparece también cuando se observa quién financia esos convenios. Entre las farmacias que cuentan con acuerdo para ofrecer SPD, el 40% lo tiene con el servicio autonómico de salud o la consejería correspondiente, el 26% con diputaciones provinciales y el 18% con ayuntamientos, mancomunidades o comarcas. A ello se añaden otras entidades privadas, presentes en el 22% de los casos, así como la industria farmacéutica, con un 5%, y ONG, con un 1%. Esa mezcla de pagadores revela que no existe un patrón único de extensión del SPD, sino una suma de iniciativas con distinto alcance, distinta estabilidad y capacidad de llegar al paciente. Preguntado por la posibilidad de alcanzar una financiación del servicio a nivel central, incluyéndolo en la Cartera Común de Servicios, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, señala que se ha abordado con las autoridades en “numerosas ocasiones”, pero plantea lo “complicado” que es avanzar en este sentido en la actualidad. Según cree, la financiación “acabará siendo homogénea”, pero para ello deben reclamarlo las comunidades autónomas.

El informe no plantea de forma expresa esa incorporación a la cartera común, pero sí apunta medidas que van en esa dirección de mayor normalización de la financiación y el uso de estos servicios. Entre sus recomendaciones figuran la ampliación de convenios para realizar y financiar el SPD, un mayor conocimiento del servicio por parte de médicos y enfermeras de atención primaria, la posibilidad de que los médicos de atención primaria puedan prescribirlo en receta electrónica y campañas institucionales desde el Ministerio y las consejerías. También asume que una reducción del coste para el paciente, mediante la extensión de programas conveniados, favorecería una mayor participación.

Solo un 10% de los potenciales beneficiarios accede

El desarrollo fragmentado de la financiación e impulso del SPD tiene una consecuencia directa sobre la implantación real del servicio. El propio informe señala que el número de pacientes que reciben SPD sigue siendo bajo y que una mayoría de farmacias cree que menos del 10% de los posibles beneficiarios accede a él. La media se sitúa en 22,6 pacientes por farmacia, aunque no se ha desagregado las farmacias que sirven a residencias y las que hacen SPD individuales.

El estudio también profundiza en la cuantía de la remuneración. La más frecuente para la farmacia en los programas conveniados es de 20 a 35 euros por paciente y mes, aunque el 18% recibe menos de 20 euros y casi el 28% afirma no recibir ninguna financiación pese a estar conveniada. Fuera de convenio, aproximadamente la mitad de los pacientes paga menos de 20 euros al mes y en el 21% de los casos el servicio se ofrece de forma gratuita. En el conjunto de las farmacias, un 37% cobra el SPD a todos sus pacientes, un 33% lo ofrece de forma privada y gratuita y solo un 6% trabaja exclusivamente con pacientes financiados mediante convenio.

Alta valoración del servicio

Frente a esas dificultades de financiación y acceso, la valoración del SPD por parte de pacientes y farmacias resulta muy elevada. El informe concluye que más del 90% de los pacientes se muestran satisfechos con el servicio, una percepción que se confirma por la persistencia en los programas y por la disposición a recomendarlo. La puntuación media de recomendación alcanza los 8,5 puntos sobre 10 y casi el 80% de los pacientes le asigna ocho o más puntos. Entre los motivos que dan para recomendarlo destacan un mejor control de la medicación, menos olvidos y errores, mayor seguridad y la comodidad que aporta en la gestión diaria del tratamiento.

La encuesta a farmacéuticos va en la misma línea. El 98% destaca que el SPD mejora la adherencia a los tratamientos y el 91% considera que reduce errores y contribuye a la seguridad clínica. Además, el 79% cree que incrementa la confianza y la calidad de vida, mientras que el 73% subraya que facilita la conciliación y la revisión protocolizada de la medicación. En paralelo, el 79% de las farmacias declara estar satisfecha o muy satisfecha con el servicio.

La presentación de los datos del estudio fue realizada en rueda de prensa por Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos,y Jesús María Fernández, director general de Hiris. Tras exponer los datos referidos a las oficinas de farmacia, Martínez puso el foco en la brecha entre el potencial del SPD y su alcance real. Martínez subrayó que “sólo una parte muy pequeña de los pacientes susceptibles de beneficiarse de este servicio, mayores y polimedicados, realmente consigue acceder a él” y defendió que ampliar la participación de farmacias permitiría aprovechar mejor sus competencias y avanzar hacia “mejores resultados clínicos” y “un sistema sanitario más sostenible”.

En esa misma línea, Fernández expuso la parte dedicada a la visión de los pacientes y advirtió de que la buena acogida del servicio no se corresponde todavía con su extensión efectiva. A su juicio, los programas de dosificación personalizada “muestran una gran aceptación por parte de los pacientes que lo utilizan”, una aceptación vinculada a la seguridad y a la adherencia, pero el estudio evidencia que “todavía son una proporción reducida de los pacientes que podrían beneficiarse y que, en realidad, acceden al servicio”, por lo que reclamó a las administraciones más difusión y más convenios.

También Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, compañía colaboradora con el estudio, vinculó el valor del SPD al cambio demográfico y asistencial que afronta el sistema sanitario. Ordieres sostuvo que el impacto de la falta de adherencia “hay que considerarlo cada vez más” porque aumenta el peso de la población envejecida, de los pacientes polimedicados y de las situaciones con deterioro cognitivo, y defendió que un servicio como este desde la farmacia comunitaria “puede tener muchísimo impacto en el futuro” por su capacidad para mejorar la adherencia y los resultados terapéuticos.

Desde la perspectiva de los pacientes, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, insistió en que la falta de adherencia tiene un elevado coste en salud y en que la farmacia comunitaria ofrece una oportunidad de intervención más cercana y proactiva. Escobar defendió reforzar la continuidad asistencial y afirmó que los farmacéuticos “tienen que estar en el modelo continuidad asistencial”, con información suficiente para acompañar mejor al paciente, especialmente al más frágil.

Por su parte, Juan Torres, vicepresidente de la Sociedad Española de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas (Seapec), que fue más allá de la valoración del informe y reclamó un marco estable para evitar inequidades. Tras destacar la calidad técnica del documento, aseguró que existe “la necesidad urgente de integrar de forma estructurada a la farmacia comunitaria como un elemento clave en la estrategia de cronicidad” y defendió que el SPD pueda extenderse “a toda la ciudadanía” e incluso llegar a prescribirse como prestación farmacoterapéutica.