García contrapone la universalidad a la prioridad nacional pero el Senado reitera sus críticas al RD ya en vigor

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido ante la Comisión de Sanidad del Senado el Real Decreto 180/2026 de universalidad, en vigor desde el pasado 13 de marzo, al que calificó como un pilar fundamental del sistema sanitario. Coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, García reivindicó este principio frente a lo que denominó la 'prioridad nacional' planteada por el Partido Popular y Vox. No obstante, la comparecencia estuvo marcada por las críticas de los portavoces de la oposición y de parte de los socios de investidura, quienes denunciaron una invasión de competencias autonómicas y fallos en la gestión de la Formación Sanitaria Especializada.

García afirmó que recuperar la universalidad es el mejor homenaje a la ley de 1986, asegurando que la exclusión sanitaria es una "miopía absoluta". Frente a esta postura, el senador Enrique Ruiz Escudero, del Grupo Popular, acusó a la ministra de gobernar desde la "imposición y la propaganda", señalando que el modelo de universalidad se aprobó sin debate parlamentario ni dotación presupuestaria.

Invasión de competencias y financiación

La oposición parlamentaria cuestionó la tramitación de las nuevas normativas. El senador Francesc Xavier Ten, de Junts, calificó el decreto de universalidad como una "imposición que emborrona la gestión" de los servicios regionales, denunciando que el Gobierno central invade competencias que corresponden a naciones como Cataluña. Ten advirtió que la norma se aprobó "por la puerta de atrás" para eludir la fiscalización en las cortes, careciendo de la memoria económica necesaria para asegurar su sostenibilidad.

En una línea similar, la senadora Nerea Ahedo, del PNV, recordó que en el País Vasco la cobertura universal siempre se garantizó, pero criticó que el ministerio legisle sin una participación efectiva de las comunidades. Ahedo resaltó que la falta de recursos financieros en el nuevo Estatuto Marco traslada una presión inasumible a los servicios autonómicos de salud. Según la portavoz vasca, el malestar del colectivo médico no deriva de las comunidades, sino de una reforma que no ha contado con una negociación real con los profesionales.

Polémica por la convocatoria FSE 2026

Otro de los puntos de fricción fue el proceso de adjudicación de plazas MIR, FIR y EIR. El senador José Manuel Aranda, del Grupo Popular, calificó la convocatoria de 2026 como "caótica e improvisada", señalando la reducción de sedes de examen y las incidencias en el baremo. Aranda denunció un "espectáculo de desorganización" que generó incertidumbre en miles de jóvenes facultativos. Por su parte, García defendió que se ofertaron 12366 plazas, un 40 % más que en 2018, y garantizó que el proceso cumplió todas las garantías jurídicas pese a las mil incidencias registradas.

Finalmente, la ministra anunció la digitalización de la anatomía patológica con una inversión de 30 millones de euros y la reforma del Real Decreto que regula la relación laboral de los residentes para eliminar las guardias de 24 horas. García insistió en que España es un "faro moral" en Derechos Humanos y eficiencia sanitaria, mientras que la oposición urgió al ministerio a abandonar la política de bloques y a centrarse en un nuevo modelo de financiación que respete la autonomía de cada servicio de salud regional.