La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este jueves ante la Comisión de Sanidad del Senado la inminente culminación del Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, una norma que, según explicó, se completará "en las próximas semanas".
García defendió que la necesidad de la norma en la incorporación de nuevas herramientas al Sistema Nacional de Salud (SNS) debe contar con toda la eficacia, eficiencia y evidencia científica posible. Según la ministra, el objetivo es "ofrecer a nuestros pacientes las mejores garantías" mediante un proceso que sea capaz de valorar la innovación de forma rigurosa. Este decreto pretende establecer un sistema de evaluación que dote de mayor orden y metodología a la toma de decisiones sobre la financiación y el precio de los productos sanitarios y fármacos.
Impulso a la Ley del Medicamento
Junto a la evaluación de tecnologías, la ministra puso el foco en la reforma de la Ley del Medicamento, una norma que calificó como prioritaria tras permanecer años sin una actualización profunda. García señaló que el texto busca que las decisiones sobre cómo incorporar medicamentos al sistema "se basen en su valor en la salud y en el interés de proteger la salud de nuestros pacientes". La reforma legislativa pretende aportar un marco de mayor transparencia, coordinación y previsibilidad para todos los agentes del sector.
La política farmacéutica del ministerio se enmarca también en la Estrategia de la Industria Farmacéutica, aprobada hace un año. Esta hoja de ruta persigue reforzar el papel del interés común y orientar el desarrollo del sector hacia áreas estratégicas para los pacientes. La ministra enfatizó que han trabajado esta estrategia "de la mano del sector" para encontrar lugares de encuentro entre los intereses legítimamente comerciales y la protección de la salud pública. "No podemos olvidar nunca el acceso, la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema", afirmó durante su turno de palabra.
Visión de los grupos parlamentarios
La intervención de la ministra recibió respuesta por parte de los portavoces de la cámara alta. Desde el Grupo Popular, José Manuel Aranda y Enrique Ruiz Escudero advirtieron sobre el riesgo de invadir competencias autonómicas en la gestión de la prestación farmacéutica. Ruiz Escudero señaló que el sistema necesita una reforma seria que "respete la singularidad de la profesión" y asegure la financiación necesaria para las nuevas prestaciones anunciadas.
Lilisbeth Perestelo: 
