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Expertos plantean nuevos enfoques para afrontar el coste de la desnutrición por enfermedad

El Libro Blanco de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad en España cifra en más de 1.600 millones de euros anuales el impacto de esta condición. Sociedades científicas reclaman reformas normativas y ampliar la financiación pública de las terapias.

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) constituye uno de los principales desafíos no diagnosticados en el entorno sanitario español. Esta condición afecta a cerca de un millón de personas en el país, incrementa un 35% la estancia en los hospitales y origina un impacto económico que supera los 1.600 millones de euros anuales. Estos datos constan en el 'Libro Blanco de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad en España', documento que han presentado este viernes la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (Senpe) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nu­tri­ción (Seen), con el patrocinio de Danone Nutricia, en el marco del 41º Congreso Nacional de Senpe celebrado en Pamplona.

El informe incide en que la falta de un estado nutricional adecuado empeora de forma significativa los resultados de salud de los pacientes. El riesgo de experimentar un reingreso hospitalario se multiplica por 2,7 en las personas desnutridas, quienes además sufren un aumento en las complicaciones infecciosas y no infecciosas, tales como caídas, úlceras por presión y problemas postquirúrgicos. Asimismo, la mortalidad se eleva debido a que la situación nutricional actúa como un factor independiente de riesgo.

La problemática asistencial se extiende más allá del alta médica, ya que el 72% de los pacientes abandona el centro hospitalario sin haber recuperado un estado nutricional correcto. Esta situación cronifica el impacto de la patología y favorece la aparición de nuevas complicaciones secundarias. En sentido contrario, la evidencia recogida en el documento demuestra que la aplicación de un soporte nutricional idóneo consigue reducir en un 6,7% el riesgo de sufrir una rehospitalización precoz.

Desde la perspectiva presupuestaria, la DRE compromete la sostenibilidad del sistema público. Cada ingreso de un sujeto con desnutrición acarrea un sobrecoste medio de 1.800 euros para la administración. En aquellos supuestos donde la pérdida nutricional se origina durante el propio internamiento, el coste asociado experimenta un incremento de hasta el 90%. Frente a este escenario, los especialistas participantes en el foro señalaron la necesidad de superar el nihilismo terapéutico que asume esta condición como una consecuencia inevitable de la patología de base.

Impacto económico del soporte nutricional

La inversión en intervenciones nutricionales precoces muestra una relación directa con la disminución del gasto sanitario. La instauración de estos tratamientos genera una reducción del 27% en el volumen de hospitalizaciones, un descenso del 21% en la estancia media y una bajada idéntica del 21% en el coste total por cada episodio hospitalario. En términos de eficiencia de recursos, cada euro destinado a este tipo de terapias especializadas reporta un ahorro de hasta 4,2 euros para el sistema de salud. Además de los indicadores financieros, el soporte técnico evita una muerte por cada 20 pacientes tratados y eleva la independencia funcional.

Reformas en la financiación pública

La persistencia del infradiagnóstico responde a la ausencia de un cribado sistemático en los centros y a las dificultades existentes en el acceso a las terapias, de manera especial tras el alta hospitalaria cuando se requiere nutrición enteral domiciliaria. Por este motivo, el Libro Blanco plantea una hoja de ruta que exige reformas estructurales urgentes destinadas a transformar la práctica clínica habitual mediante equipos multidisciplinares especializados y programas de detección obligatoria.

La propuesta sectorial incide de manera prioritaria en la necesidad de actualizar el marco normativo actual para terminar con las barreras de equidad entre comunidades autónomas. Las sociedades científicas promotoras instan a las autoridades a ampliar la financiación pública de los tratamientos nutricionales a un espectro más amplio de patologías, optimizando así el uso de los recursos públicos disponibles y asegurando la prestación en el momento oportuno.

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