El Congreso de los Diputados ha cumplido el último trámite legislativo necesario para que la enmienda que blinda la confidencialidad de los precios y de los acuerdos de financiación de los medicamentos los proteja ante la coyuntura internacional y ante los riesgos a los que se expondría el Sistema Nacional de Salud si los precios reales acordados en España se conocieran en otros países.
La enmienda había sido incorporada por PP, PSOE y Sumar a la proposición de Ley de Cribados que se encontraba en tramitación. La norma quedó definitivamente aprobada este jueves después de que el Congreso aceptara la enmienda sobre las necesidades presupuestarias introducida por el PP durante su paso por el Senado.
De este modo, la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, entrará en vigor en los próximos días, una vez que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado.
El momento resulta especialmente relevante. Más allá de los riesgos derivados de la política de Nación Más Favorecida impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolución varios procedimientos en los que se reclama información confidencial sobre precios y condiciones de financiación de medicamentos. La nueva regulación reforzará los argumentos jurídicos para preservar esa información.
El debate sobre esta cuestión en el pleno del Congreso de este jueves fue limitado, aunque permitió visualizar con claridad las dos posiciones enfrentadas en torno a la reforma. Javier Sánchez Serna, de Podemos, centró buena parte de su intervención en cuestionar la forma y el fondo de la modificación, introducida durante la tramitación parlamentaria de una norma dedicada originalmente a los cribados neonatales.
La respuesta llegó por parte de Rafael Cofiño, diputado de Sumar, quien defendió que la reforma pretende evitar que la publicación de los precios reales pactados en España pueda perjudicar el acceso temprano a medicamentos innovadores. Cofiño vinculó directamente la medida con la política estadounidense de referenciación internacional y planteó qué ocurriría si esa estrategia terminara retrasando la llegada a España de tratamientos destinados a enfermedades detectadas mediante los propios programas de cribado neonatal.
La financiación y la equidad centran el debate sobre los cribados
El resto de la sesión giró en torno al contenido principal de la ley, que busca reforzar la homogeneidad y la equidad de los programas de cribado neonatal en el Sistema Nacional de Salud. Los grupos coincidieron en la relevancia del diagnóstico precoz, aunque mostraron diferencias sobre la financiación, el reparto de competencias y la capacidad de la norma para reducir las desigualdades territoriales.
El Congreso aceptó la enmienda incorporada por el PP en el Senado para señalar que la financiación necesaria deberá determinarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. El Partido Popular defendió que los nuevos compromisos deben contar con una dotación específica, mientras que PSOE y Sumar consideraron que la normativa vigente sobre cohesión y cartera común ya garantiza la financiación de estas prestaciones.
Cofiño calificó la enmienda de poco concreta al no establecer una cantidad mínima, una memoria económica, criterios de reparto entre comunidades autónomas, una partida presupuestaria determinada ni transferencias finalistas. Recordó que los cribados neonatales forman parte de la cartera común básica y que su financiación ya se integra en el sistema general de financiación sanitaria.
En términos similares, la diputada socialista Carmen Martínez sostuvo que la viabilidad económica de la ley está respaldada por la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Según señaló, ese mismo marco jurídico ha permitido ampliar progresivamente el número de enfermedades incluidas en el programa común, que pasó de siete a veintiuna en 2024.
El PP, por el contrario, reclamó una financiación específica y diferenciada. Elvira Velasco defendió que la incorporación de nuevas patologías al cribado debe ir acompañada de recursos suficientes para que todas las administraciones puedan cumplir las obligaciones previstas y para evitar que el desarrollo de los programas dependa de la capacidad presupuestaria de cada comunidad autónoma.
La equidad territorial fue otro de los ejes del debate. UPN, EH Bildu, Sumar, PSOE y PP coincidieron en que el lugar de nacimiento no debería determinar las posibilidades de acceder a un diagnóstico temprano. Vox atribuyó las diferencias actuales a la descentralización sanitaria y defendió la recuperación estatal de las competencias, al considerar que la ley no impedirá que unas comunidades incorporen más enfermedades que otras.
Los portavoces también advirtieron de que la aprobación de la norma no cierra el desarrollo de los cribados. El avance de la secuenciación genómica, la aparición de nuevos tratamientos y la ampliación de los paneles obligarán a evaluar nuevas enfermedades y a establecer rutas asistenciales capaces de confirmar el diagnóstico y ofrecer una respuesta clínica, social y educativa. Como subrayó Cofiño, el valor del cribado no reside únicamente en detectar una enfermedad, sino en disponer de una intervención eficaz y de un itinerario asistencial posterior.
Con la votación celebrada este jueves, la ley completa su tramitación parlamentaria. Su publicación en el BOE activará tanto el nuevo marco de los programas de cribado neonatal como la reforma de la confidencialidad de los precios y de las condiciones de financiación de los medicamentos, una modificación que, pese a su trascendencia para la política farmacéutica, apenas ocupó unos minutos del último debate en el Congreso.
Lilisbeth Perestelo: 
