Política

El Gobierno elige Zaragoza para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la candidatura señalando que obtuvo la mejor valoración frente a otras siete ciudades para acoger el nuevo organismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ubicación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) en la ciudad de Zaragoza. El anuncio se produjo durante la rueda de prensa de balance del curso político, adelantando en varias semanas la fecha de comunicación que el Ejecutivo tenía prevista inicialmente para el 18 de agosto.

La candidatura de la capital aragonesa fue la mejor valorada por el Gobierno de España con una puntuación de 90 puntos sobre 100. Zaragoza se impuso en el proceso de selección a otras siete capitales aspirantes que presentaron propuesta para albergar el organismo estatal: Toledo, Granada, León, Murcia, Barcelona, Oviedo y Lugo.

Durante su comparecencia, Pedro Sánchez destacó la importancia de la creación de este organismo estatal para dar respuesta a futuras crisis sanitarias e impulsarlo como una estructura ágil en la vigilancia epidemiológica, la detección temprana de riesgos y la coordinación entre administraciones. El presidente señaló que tras la experiencia vivida durante la pandemia resulta necesario contar con una agencia que permita disponer de los recursos necesarios para comprender y responder de una manera más eficaz.

La decisión de situar este organismo en la capital aragonesa responde al plan de descentralización y desconcentración de la Administración General del Estado activado por el Gobierno central. Con esta medida, la institución sigue los pasos de otras entidades públicas como la Agencia Espacial Española en Sevilla o la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña.

La constitución de la entidad pública fue aprobada en julio de 2025 tras las demandas expresadas por el sector sanitario y entidades como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Dicha reclamación respondía a la necesidad de dotar de mayor coordinación y cogobernanza a las estructuras de salud. Hasta la fecha del anuncio, el organismo operó adscrito a la sede del Ministerio de Sanidad.

La valoración final de la propuesta de Zaragoza se fundamentó en el ecosistema científico e investigador presente en la comunidad autónoma. Entre las fortalezas analizadas destacaron la presencia de especialistas en diversas materias y el trabajo de centros punteros como el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Centro de Investigación en Biomedicina de Aragón.

Inversión en el recinto Expo

La sede definitiva de la agencia se situará en el antiguo Pabellón de Aragón, ubicado en el recinto de la Exposición Internacional de 2008, un inmueble que permanecía en desuso desde la finalización del evento. La adecuación del edificio requerirá una inversión aproximada de entre 16,9 y 20 millones de euros, con un plazo de ejecución estimado de las obras de 15 meses desde su adjudicación y una duración global prevista de hasta tres años.

Dado que el proceso de selección valoraba la disponibilidad de instalaciones inmediatas para el primer semestre de 2026, la candidatura ofreció la cesión de 900 metros cuadrados de oficinas temporales en el mismo recinto Expo. El compromiso autonómico incluye asimismo asumir el mantenimiento del edificio durante los primeros cinco años, con un gasto estimado de un millón de euros anuales, y la firma de un protocolo con Renfe para facilitar la movilidad del personal.

La implantación del organismo público contempla la creación de 60 puestos de trabajo altamente cualificados en su fase inicial, con una proyección de alcanzar hasta 300 profesionales en su estructura definitiva. Se calcula que el impacto económico anual derivado del funcionamiento de la agencia en la zona se situará en torno a los 15 millones de euros una vez que esté operando a pleno rendimiento.

El siguiente paso institucional consistirá en la negociación del convenio entre las Administraciones para formalizar la implantación del organismo, un proceso técnico y administrativo que se desarrollará a lo largo de los próximos tres a seis meses.

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