La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha trasladado a las formaciones políticas una batería de diez medidas orientadas a situar el sector en el centro de la autonomía estratégica estatal. La iniciativa, remitida con la vista puesta en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, incide de manera prioritaria en la necesidad de consolidar el músculo productivo y regulatorio vinculado al desarrollo farmacéutico y sanitario. Las propuestas emanan del documento de trabajo elaborado por la entidad bajo el título ‘El sector biotecnológico innovador y su papel clave en la autonomía estratégica’, en el que se analiza el posicionamiento del país dentro del tablero geopolítico.
El eje central de la propuesta en materia sanitaria plantea reconocer la biotecnología como sector estratégico dentro de la política industrial e incorporarla formalmente a la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales. Con este mecanismo, la organización busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones de suministro en cadenas globales y asegurar la disponibilidad ininterrumpida de medicamentos y otros productos críticos. La patronal defendió que España dispone de una notable base científica e investigadora que requiere una traslación directa hacia capacidades productivas estables para evitar dependencias externas en insumos sanitarios clave.
Para solventar la brecha existente entre los descubrimientos en el laboratorio y la producción a escala comercial, el documento propone la puesta en marcha de una Red Nacional de Polos de Escalado Biotecnológico. Esta estructura permitiría a las compañías acceder a infraestructuras compartidas de biofabricación, así como a servicios de asesoramiento técnico especializado en procesos sometidos a normas de correcta fabricación (GMP). Según expuso la asociación, la adecuación a estos estándares representa uno de los principales cuellos de botella para transformar los hallazgos científicos en terapias y formulaciones comercializables.
Junto al despliegue de infraestructuras, la patronal advirtió de la necesidad de diseñar instrumentos públicos específicos para respaldar el crecimiento empresarial. Estas herramientas deben actuar en las fases donde las empresas biotecnológicas afrontan mayores requerimientos de capital para culminar su consolidación comercial e industrial, evitando que proyectos viables queden interrumpidos durante el salto de escala. La falta de músculo financiero en fases avanzadas condiciona la retención de patentes y la radicación de plantas productivas en territorio nacional.
El documento identifica asimismo la urgencia de agilizar los plazos de llegada de la innovación biomédica al mercado. En este ámbito, AseBio reclamó una optimización activa en el acceso a los datos sanitarios, una simplificación en los procedimientos administrativos de autorización y un acompañamiento técnico continuo a las empresas durante su adaptación a los nuevos marcos regulatorios comunitarios. La patronal remarcó que estas barreras administrativas demoran la disponibilidad de nuevos tratamientos para los ciudadanos y merman la competitividad frente a otros mercados.
Escalado industrial y ensayos clínicos
En el plano financiero y de infraestructuras científicas, la organización solicitó situar la inversión estatal en investigación y desarrollo en el 2,12% del producto interior bruto para el año 2027. Esta meta económica se complementa con la petición de colocar a la biotecnología en el núcleo de la Estrategia Nacional de Tecnologías Profundas y articular incentivos que estimulen la inversión en empresas emergentes, apoyados por un compromiso presupuestario público superior. Según la entidad, la ausencia de estas palancas incentiva que los proyectos con mayor potencial busquen fuera de las fronteras españolas el entorno adecuado para completar su maduración industrial.
La propuesta resalta que España actúa ya como un polo emergente en biomedicina merced a su solvencia científica y a su liderazgo en la realización de ensayos clínicos. No obstante, AseBio subrayó que este posicionamiento clínico no garantiza por sí solo el arraigo productivo de las terapias resultantes. El reto prioritario para las administraciones radica en arbitrar mecanismos que trasladen ese dinamismo en fases de investigación hacia plantas de biofabricación locales y un tejido empresarial con mayor masa crítica.
El documento incorpora también un bloque dedicado a los recursos humanos mediante el diseño de un Plan Nacional de Talento. La medida contempla la ampliación de los doctorados industriales y el soporte a perfiles profesionales estratégicos, orientados a cubrir las necesidades técnicas de las plantas biofarmacéuticas y centros de desarrollo. De forma paralela, la organización puso el foco en la inteligencia artificial y la explotación estructurada de datos sanitarios como catalizadores de la investigación terapéutica, reclamando programas formativos específicos para su implantación en el sistema asistencial.
Estas peticiones se sustentan también en las conclusiones del informe complementario ‘The new geopolitics of biotechnology: emerging powers and established hegemonies’, donde la asociación documenta la pérdida de peso de Europa frente a Estados Unidos y China. Ante esta coyuntura, la patronal reiteró su disposición a colaborar con las diferentes opciones parlamentarias para fijar una política farmacéutica e industrial que proteja la autonomía asistencial del país.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 