Desde el pasado 1 de septiembre las dispensaciones que se realicen en Andalucía de medicamentos con dapagliflozina, empagliflozina, así como las combinaciones sacubitrilo/valsartan o rosuvastatina/ezetimiba requerirán de una validación previa a la prescripción y dispensación que ha sido impuesto de forma unilateral por la administración autonómica.
La decisión ha venido motivada por un supuesto uso fuera de indicación, por lo que la administración restringe su uso, mediante validación previa a una serie de indicaciones financiada.
En concreto, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se indica que, tras un análisis de las prescripciones y dispensaciones de estos medicamentos “se ha detectado que, en algunos casos, se está produciendo una utilización no acorde con las condiciones de financiación establecidas”. A este respecto y, como consecuencia del “crecimiento sostenido en Andalucía de la prestación farmacéutica obliga a la adopción de medidas para el control del gasto en medicamentos que hagan posible su sostenibilidad”.
El SAS tiene previsto introducir una serie de controles en el módulo de prescripción de receta electrónica. No obstante, mientras que se lleva a cabo la modificación de ese módulo, de forma “transitoria y excepcional” se va a requerir una “validación previa de los nuevos tratamientos, que garantice las condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para su financiación”. Esta validación será llevada a cabo por farmacéuticos pertenecientes a los servicios de farmacia de atención primaria y atención hospitalaria.
La medida ha enfrentado en redes sociales a farmacéuticos de hospital y cardiólogos y otros especialistas médicos. Los farmacéuticos argumentan que los medicamentos se han estado utilizando fuera de las indicaciones financiadas por el Ministerio de Sanidad, mientras que los médicos consideran que se puede volver a la situación de abordaje de la insuficiencia cardiaca existente hace 10 años. A este respecto, recuerdan las virtudes de estos medicamentos y los buenos resultados clínicos que ofrecen a múltiples pacientes más allá de las indicaciones recogidas en el informe de posicionamiento terapéutico (IPT), que son las que reconoce Andalucía y no las autorizadas en ficha técnica.
Pese a que desde el SAS se indica que solo afectará a medicamentos que se prescriban de inicio, algunos médicos han indicado que ha afectado tanto a las nuevas prescripciones como a las renovaciones de tratamientos activos, lo que podría condicionar la continuidad de los mismos.
Pese a que el SAS ha explicado que se trata de una validación del tratamiento, algunos médicos denuncian que se trata de un “visado encubierto”, lo que podría entrar en conflicto con la competencia para el establecimiento de visados a medicamentos recae sobre el Ministerio de Sanidad. De este modo, no sería de extrañar que pudiera haber algún tipo de reacción por parte del departamento de José Miñones.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: