La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), a la que pertenece Farmaindustria, y la Asociación de la Industria Europea del Autocuidado (Aesgp) reconocen, “con reservas”, la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. “Si bien respaldamos los objetivos generales de la Directiva y estamos totalmente comprometidos con su aplicación de forma eficiente y responsable, nos preocupa enormemente su impacto negativo en el acceso de los pacientes a los medicamentos y la competitividad global del sector farmacéutico en Europa”.
Así lo recoge el comunicado conjunto emitido este martes por las asociaciones, tras comprobar que el texto aprobado no cumple con los principios de la UE de "quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación". La decisión arbitraria de que sólo dos sectores, el farmacéutico (medicamentos de uso humano) y el cosmético, paguen por la contaminación causada por otros no incentiva el desarrollo de productos más ecológicos por parte de los sectores industriales que por su actividad impactan en el medioambiente, lo que debilita el Pacto Verde Europeo.
“Vemos que estas preocupaciones se reflejan en toda la Unión Europea, porque diecisiete Estados miembros han presentado declaraciones políticas adicionales acerca de la aprobación de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas”, reza el comunicado.
Algunos países, como España, han reportado la necesidad de respetar plenamente el principio de que quien contamina paga y muestran preocupación por los costes que supondrá la aplicación de la política de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR, por sus siglas en inglés), por el hecho de que sólo se hayan designado dos sectores para financiar estos costes y por el impacto no deseado en la disponibilidad de los medicamentos. Incluso, estos Estados han solicitado a la Comisión Europea que realice una evaluación urgente del impacto de la Directiva centrándose especialmente en los medicamentos.
“Nuestras empresas y asociaciones nacionales se comprometen a colaborar con los responsables políticos para asegurar que la Directiva se implementa de manera justa, predecible y no discriminatoria, garantizando al mismo tiempo el acceso a los medicamentos. Para lograr este objetivo, Efpia y Aesgp están dispuestas también a trabajar, de la mano de nuestros asociados, con la CE y los Estados miembros, así como con las organizaciones de gestión de tratamiento de aguas residuales urbanas”, dicen en su posicionamiento.
“Esperamos que todos los sectores que contribuyen a la presencia de microcontaminantes en el agua sean tenidos en cuenta” a la hora de implementar la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en cada Estado miembro, para garantizar que la protección de medioambiente y de manera especial la gestión del agua se aborde de manera proporcional y justa.
“También hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales y de la UE que trabajan en el desarrollo de la Directiva para garantizar que su aplicación está alineada con el compromiso de la UE con la competitividad de la región y se haga en colaboración con la industria farmacéutica”, añaden.
Nathalie Moll, directora general de Efpia, ha incidido en que “la industria farmacéutica respalda al cien por cien los objetivos de la Directiva para reducir la contaminación del agua. La forma en que Europa decida hacerlo debe ser proporcionada y justa. Además, aún se deben resolver las dudas sobre la legitimidad de una decisión que atribuye a sólo dos sectores la responsabilidad financiera de limpiar la totalidad de la microcontaminación social”.
Por su parte, Jurate Svarcaite, director general de Aesgp, ha afirmado: “Hacer todo lo posible por proteger el medioambiente es una obligación social de la que todos somos responsables. Sin embargo, nos parece desproporcionado que la modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como su funcionamiento continuo, deban ser financiadas únicamente por dos sectores. El texto legal sigue sin responder a una serie de preguntas que pueden afectar significativamente a los costes generales de la política EPR. Por lo tanto, es fundamental que la industria farmacéutica asuma el liderazgo en la aplicación de la Directiva, de forma que sea asumible, no discriminatoria y equitativa, al tiempo que se garantiza la disponibilidad y accesibilidad de tratamientos de calidad para la población”.
