Las principales asociaciones europeas de laboratorios de medicamentos, incluidas la de medicamentos innovadores (Efpia), genéricos y biosimilares (Medicines for Europe), autocuidado (Aesgp) y cosméticos (Cosmetics Europe), han unido fuerzas para presentar un documento estratégico que propone nueve principios fundamentales para la implementación de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UWWTD). Este esfuerzo colectivo busca garantizar una aplicación efectiva y justa de la normativa, centrada en los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
La iniciativa surge como respuesta a las preocupaciones de la industria farmacéutica y cosmética, que, de acuerdo con la nueva directiva, deberán asumir al menos el 80% de los costes del tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes, procedentes de la excreción de medicamentos o del lavado de la piel, de las aguas residuales urbanas. Esta responsabilidad, tal como argumentan las asociaciones, y han reconocido los Estados Miembro, podría poner en riesgo la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos y productos cosméticos en Europa. Los cálculos, solo para España, ascienden a 561 millones de euros de impacto para la industria.
El documento, al que ha tenido acceso Diariofarma, detalla nueve principios esenciales, entre ellos: la definición clara de los criterios de clasificación de microcontaminantes; un modelo único de cálculo de tarifas a nivel de la UE; la exclusión de contribuciones a inversiones pasadas; y la creación de una sola organización de Responsabilidad Ampliada del Productor (PRO) sin fines de lucro por Estado miembro. Además, se pide que los Estados cubran el 20% de los costos del tratamiento cuaternario y se incluyan a más industrias en los esquemas de la RAP para distribuir de manera equitativa las responsabilidades.
Las asociaciones han destacado la importancia de que la implementación de la directiva respete los principios de “proporcionalidad y no discriminación”. Por ello, el documento será compartido con la Comisión Europea, los Estados miembros y las asociaciones de gestión de aguas. Las federaciones buscan participar activamente en las reuniones del Grupo de Expertos de los Estados Miembros con la Comisión, cuyo trabajo comenzará el 9 de diciembre, y proponen establecer una plataforma de diálogo continuo para asegurar que las voces de la industria sean escuchadas.
Nueve principios básicos
Los nueve principios básicos propuestos para la implementación efectiva de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas por la industria comienzan con la solicitud de una definición del alcance de los esquemas de la RAP: En este sentido, reclaman que se “definan algunas condiciones preliminares para identificar el alcance de un esquema de la RAP”; que la industria participe en la definición de los criterios de exoneración en microcontaminantes rápidamente biodegradables y establecer tarifas basadas en los objetivos de implementación del tratamiento cuaternario. Además, plantean un modelo único de cálculo de tarifas, estándar a nivel de la UE, modulando tarifas por peligrosidad, con consulta a las industrias afectadas. Por otro lado, plantean que las tarifas deben ajustarse a los cestos previstos y garantizar accesibilidad a medicamentos y cosméticos. En relación con esto, se plantea un principio de no contribución a inversiones pasadas. De este modo, los productores no deberían asumir costos de inversiones en tratamientos cuaternarios realizadas antes de establecer los esquemas de la RAP, para respetar principios de no retroactividad y seguridad jurídica.
Las patronales de la industria también plantean la necesidad de que en cada Estado Miembro exista una sola organización competente en materia de responsabilidad del productor (PRO) sin fines de lucro.Elobjetivo sería reducir la fragmentación y costes administrativos, controlando las PRO únicamente los productores y no empresas de tratamiento de aguas, para evitar conflictos de interés. Por otro lado, se plantea que los Estados Miembro asuman la financiación del 20% de los costes del tratamiento cuaternario para una implementación justa, con priorización basada en la evidencia y menos impacto en la asequibilidad de medicamentos y cosméticos.
Igualmente, se plantea como necesario evitar el ‘free riding’, aprovechamiento injusto de modo que se asegure que todas las empresas cumplan con ciertos requisitos en materia de información sobre microcontaminantes y prevenir que algunas eviten contribuir.
Otro de los principios plantea la definición de las responsabilidades específicas de los sistemas de la RAP, lo que debería limitar la responsabilidad de los sistemas de la RAP a los costes relacionados directamente con el tratamiento cuaternario y verificación de datos, excluyendo otros costes operativos. Por otro lado, también se plantea la corresponsabilidad de los cost drivers, de manera que las PRO tengan voz en la elección de tecnologías y decisiones de costes para garantizar un enfoque coste-efectivo. Las decisiones unilaterales no respaldadas por las PRO no deben ser cubiertas financieramente por estas, plantean.
Por último, insisten en un aspecto fundamental, como es la ampliación de los contribuyentes por parte de la industria. Las patronales insisten en que es imprescindible incorporar a otras industrias que contribuyen a la microcontaminación en los esquemas de la RAP, para evitar que la carga recaiga solo en los sectores farmacéutico y cosmético y reducir su impacto financiero.
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: 
Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.: