Cataluña se ha sumado también al conjunto de comunidades autónomas que han mostrado su interés (hasta ahora hay cinco) por acoger la sede de la próxima Agencia Estatal de Salud Pública cuya configuración sigue anclada en el Congreso de los Diputados desde enero de 2024.
El anuncio catalán se ha realizado con motivo de la reunión que este pasado viernes mantuvieron la ministra de Sanidad, Mónica García y la consejera de Salud, Olga Pané, con motivo de la visita que la primera de ellas realizó a Barcelona.
Según indica un comunicado del Gobierno catalán, la consellera Pané ha señalado que “primero se ha de aprobar la creación de la Agencia de Salud Pública española y después se haría efectiva la candidatura de Barcelona para acoger la sede”. Pané ha señalado de esta manera directamente al Congreso de los Diputados donde esta pasada semana se ha elaborado el dictamen para la creación de este nuevo organismo, que posteriormente deberá pasar al trámite parlamentario.
Pané ha añadido que el Ejecutivo Catalán está trabajando ya “en la puesta en marcha de la Agència de Salut Pública catalana (Aspact)” y que “sería bueno que las dos tuvieran una complementariedad y una armonización para que no sobren recursos y puedan utilizarse adecuadamente”.
En estos momentos Cataluña tiene ya preparada su norma, asegura la consejera y espera tener listos los estatutos para la próxima agencia autonómica en el próximo otoño.
Desde el Ministerio de Sanidad no se han añadido muchos datos sobre los planes del Ejecutivo sobre la ubicación del nuevo centro que queda supeditado a la finalización de los debates parlamentarios y a la decisión, que según indicó la ministra también compete al Ministerio de Política Territorial. Mónica García, ha asegurado que la creación de la Agencia es una "deuda" con la sociedad española. Igualmente, Mónica García comentó que “hay que reconocer que Barcelona es una de las candidatas porque Cataluña es un referente en salud pública en España”.
Las previsiones de Sanidad son que pueda estar en marcha durante este próximo verano. De llegar a hacerse realidad se pondrá fin a un periplo que comenzó ya en 2011, si bien cogió velocidad de crucero recién pasada la pandemia, y como un elemento clave para la prevención de nuevas crisis sanitarias, en 2022. Aparcada, como otras tantas normas por el adelanto electoral en 2023, la norma no llegó hasta enero de 2024 al Congreso de los Diputados, donde se ha movido en un ambiente marcado por un cierto consenso, aunque con diferencias palpables entre varios partidos, especialmente por la cuestión competencial entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas (95 enmiendas).
La pasada semana la Comisión de Sanidad abordó la elaboración del dictamen final para la creación del organismo, el cual deberá ser llevado al pleno del Congreso para su aprobación.
Por el momento, además de Cataluña, otras cinco comunidades han planteado ya reclamar en su territorio la creación de la Agencia, Aragón (Zaragoza), Andalucía (Granada), Castilla y León (León) y Asturias.