Si el pasado lunes era el PNV el que presentaba una enmienda a la totalidad para devolver al Gobierno el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), este martes han sido los nacionalistas catalanes de Junts lo que han presentado un escrito para exigir esta misma demanda y con el mismo motivo de fondo: invasión competencial.
Las dos enmiendas, que se debatirán la semana que viene en el Congreso de los Diputados, vienen a decir lo mismo. Si para el PNV el término era el “conflicto competencial” que podría crear la norma de creación de la AESP con la actual normativa autonómica (el País Vasco dio luz verde a su ley de Salud el pasado mes de noviembre), en el caso de Junts la cosa se plantea en los mismos términos aunque con una redacción más cruda. Los independentistas catalanes aseguran que es el Gobierno catalán quien tiene “la competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública”, así como la organización, “el funcionamiento interno, la ordenación farmacéutica y el control de los centros”.
Igualmente Junts hace referencia expresa a que el texto al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno a inicios de este mes “tampoco considera la existencia de la Agencia de Salud Pública de Cataluña”.
Siguen consolidándose candidaturas a la sede
A pesar de las intenciones de estas dos formaciones políticas, que en principio no cabe pensar que vayan a ser apoyadas por el resto de partidos que forman el arco parlamentario y a las que por tanto cabe augurar un recorrido escaso, lo cierto es que el ánimo por acoger la sede de la AESP sigue firme en diversas localidades de todo el país.
Amparadas con el respaldo autonómico de cada territorio actualmente existen siete proyectos que ya han sido anunciados y corresponden a Zaragoza, Granada, Murcia, La Coruña, Valencia, León y Asturias (en ciudad por determinar). El plazo sigue abierto, pues no será hasta la aprobación de la norma en el Congreso, cuando el Gobierno empiece a valorar proyectos en el que será un proceso normal de concurrencia, según explicó la ministra Mónica García,
Todavía además pueden sumarse otras ciudades incluidas la propia Madrid, que si bien en un principio quedada descartada al serle aplicado a este organismo el principio de descentralización administrativa que perseguía el Gobierno central durante la pasada legislatura, ahora según palabras textuales del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no hay ninguna comunidad excluida.
