La Guardia Civil y la Aduana española colaboraron de manera estrecha para desmantelar una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales destinados a la medicina estética. Esta actuación se enmarcó en la Operación SHIELD VI, un esfuerzo coordinado por Europol que se desarrolló entre abril y noviembre de 2025 y que contó con la participación de fuerzas del orden, judiciales y médicas de 30 países. El dispositivo global se dirigió contra el tráfico de medicamentos falsificados, sustancias antidopaje ilícitas y suplementos alimentarios.
La red criminal detectada en España centraba su actividad en la medicina estética, tanto en clínicas legales como clandestinas, y empleaba a personas no cualificadas para ofrecer tratamientos. Las investigaciones se iniciaron en 2023 tras recibir informes sobre centros clandestinos que publicitaban servicios cosméticos en redes sociales. Durante la fase operativa, las autoridades realizaron cuatro registros domiciliarios y 24 inspecciones en diversos establecimientos, lo que permitió la incautación de 40 lotes de productos ilegales procedentes principalmente de Corea del Sur. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas y otras 41 permanecen bajo investigación por diversos delitos.
En el aeropuerto de Sevilla, la Aduana española interceptó numerosos medicamentos y productos sanitarios que entraban en territorio nacional bajo declaraciones falsas. Estas sustancias no autorizadas se distribuían posteriormente a personal no cualificado, extendiendo la actividad ilícita hasta Portugal. La organización utilizaba conexiones internacionales para ocultar los beneficios generados por estas prácticas que ponían en riesgo la seguridad de los pacientes.
Resultados de la coordinación europea
La Operación SHIELD VI presentó un balance de 3.354 personas procesadas a nivel global y el inicio de 907 investigaciones. El esfuerzo de las agencias nacionales permitió desarticular 43 grupos de crimen organizado e incautar cinco laboratorios subterráneos. Además de las detenciones, las autoridades confiscaron diez lugares de reunión y eliminaron 66 sitios web que operaban de forma ilegal. El valor total de los bienes incautados ascendió a 33.167.423 euros.
En el ámbito de la inspección, se realizaron 4.186 actuaciones y se ejecutaron más de 11.000 controles antidopaje, tanto en competición como fuera de ella. Las incautaciones de medicamentos sumaron 139.116 paquetes ilegales y más de tres millones de pastillas, mientras que en el caso de las sustancias dopantes la cifra ascendió a 298.594 paquetes y 4,5 millones de tabletas. El dispositivo también retiró del mercado 71.610 paquetes de dispositivos médicos y 48.531 de suplementos alimentarios.
Amenazas emergentes para la salud
Los expertos detectaron amenazas críticas vinculadas a la proliferación de productos falsificados a base de semaglutida, utilizados como quemadores de grasa. Asimismo, se identificó una creciente disponibilidad de medicamentos falsos que contenían sustancias sintéticas potentes, como los nitazenos. Estas sustancias presentan un elevado potencial de intoxicación y sobredosis al imitar la apariencia de opioides legítimos. Para las autoridades reguladoras, el uso anormal de medicamentos y su vínculo con el crimen organizado constituye un desafío complejo que afecta a las cadenas de suministro legítimas.
El delito farmacéutico en el continente implica el mal uso de fármacos fuera de un marco médico, lo que impulsa los mercados ilícitos. Esta tendencia incluye el consumo de medicamentos para fines no terapéuticos, como la mejora del rendimiento o el control de peso, y el desvío de productos con receta médica hacia canales de reventa ilegales. Las redes criminales explotan esta demanda introduciendo artículos falsificados tanto en canales ilícitos como legítimos, aprovechando el anonimato que ofrecen las plataformas digitales y la Dark Web.
Actuaciones en otros estados miembros
La operación permitió desmantelar redes en otros puntos de Europa con patrones de actuación similares. En Alemania, un equipo conjunto de investigación de narcóticos se dirigió contra un grupo implicado en el tráfico de productos farmacéuticos a gran escala. Las pesquisas revelaron que un farmacéutico vendió presuntamente cantidades significativas de productos obtenidos legalmente a esta red desde 2020. En septiembre de 2025, las autoridades ejecutaron órdenes de registro donde incautaron sustancias controladas, como preparaciones de benzodiacepinas y otros medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria.
Por su parte, la Policía Helénica desarticuló en mayo de 2025 una organización que defraudó al servicio nacional de sanidad más de 1,2 millones de euros. La red utilizaba el sistema de números de seguridad nacional para emitir al menos 33.962 recetas falsas de medicamentos caros y narcóticos. Los implicados, entre los que se encontraban médicos y propietarios de farmacias, sustraían los datos de ciudadanos que acudían a realizarse pruebas rutinarias de COVID-19. Los fármacos se vendían posteriormente en el mercado negro para obtener beneficios ilícitos.
Cooperación y seguridad del paciente
Para combatir estas actividades, Europol destacó la necesidad de un enfoque multifacético que integre la regulación sanitaria y la cooperación judicial. En 2025, la oficina policial se unió a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para concienciar sobre el coste personal y social de los medicamentos falsos. La compra de estos productos no solo financia al crimen organizado, sino que socava la economía y daña la innovación que depende de la protección de la propiedad intelectual.
La Operación SHIELD VI contó con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), Frontex, Interpol y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La coordinación recayó en expertos en delitos de propiedad intelectual y un grupo directivo compuesto por la Gendarmería francesa, los Carabinieri italianos, la Policía Financiera griega y la Guardia Civil. La vigilancia sostenida y la colaboración interinstitucional se mantienen como prioridades para proteger la salud pública frente a la explotación de canales de trata en línea y la distribución de productos farmacéuticos ilícitos.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: