El primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado tras las elecciones autonómicas ha transcurrido con más calma de lo que parecía esperarse por lo rumoreado en los días previos. El PSOE había solicitado que el Interterritorial tratara dos asuntos que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no había incluido. En concreto, los consejeros socialistas reclamaban hablar de la cobertura sanitaria a inmigrantes, pidiendo la derogación de lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012 y, por otro lado, pedían abordar la situación de los tratamientos de la hepatitis C.
Mientras que parecía que ninguno de esos asuntos se iban a tratar, los representantes socialistas habían estado criticando duramente al Ministerio de Sanidad por lo que entendían que era un Interterritorial escoba de los asuntos pendientes del Partido Popular. Por ese motivo, incluso el día antes de la celebración del CISNS, algunos consejeros socialistas, como el extemeño José María Vergeles, aseguraban que la posición de los socialistas era no entrar a debatir ninguno de los puntos relevantes. No obstante, la decisión de Alonso de incluir los puntos de debate demandados por el PSOE, aunque fuera en ruegos y preguntas, ha suavizado la posición de los consejeros socialistas y ha permitido alcanzar acuerdos. El más relevante, en lo referido a la vacuna de la varicela.
En relación al asunto de la atención a inmigrantes, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha sido claro. No van a derogar el Real Decreto-ley 16/2012 y lo que este texto logró. Según ha explicado a la salida del Interterritorial, "tenemos que salvaguardar y defender las bondades del Real Decreto más allá de la sostenibilidad y los ahorros en Farmacia". Según ha explicado, el RDL garantizó la cobertura a españoles que no la tenían e impedía que parados de larga duración que la perdieran. Además, según insistió, el 16/2012 cerró la puerta al turismo sanitario, que costaba al sistema 1.000 millones al año. "Son hitos importantes que nadie quiere volver atrás", explicó. No obstante, sí que van a dar pasos para ampliar la asistencia a los 'sin papeles'.
Según Alonso, el problema que se plantea por parte de los grupos de la oposición es el de las personas que están en situación irregular en nuestro país. El ministro, tras explicar que incluso tras el RDL 16/2012 "tenían la prestación mas generosa de los pauses de nuestro entorno", ha expuesto que creen que en vez de ser atendidos en urgencias deben ser atendidos en primaria. Por ello, ha anunciado que "hay una Comisión de Prestaciones que está analizando cómo dar respuesta a este colectivo sin abrir la puerta de nuevo al turismo sanitario".
"No nos parece razonable hacer de esto una posición ideológica, hemos tratado de rebajar el tono de la discusión a un nivel realista y pragmática" ha explicado el ministro, que se ha mostrado convencido de que en la Comisión de Prestaciones "podremos llegar a un acuerdo razonable". Para Alonso, "lo importante no es el eslogan no derogar nada, lo importante es lo que le pasa a la gente".
La cuestión es cómo dar una asistencia a la población irregular sin que España se convierta en el hospital del mundo y que aquí vengan personas de todo el mundo para beneficiarse de la generosidad de quienes pagan impuestos aquí. Por ese motivo y por un dictamen motivado que la Unión Europea había abierto contra España, había sido necesario acotar la prestación que se daba a los irregulares. A causa de todo ello, según el ministro de Sanidad, la solución no pasa por dar tarjetas sanitarias a estas personas.
De este modo, tal y como ha explicado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el 14 de julio hubo un acuerdo por todas las CCAA, según el cual, asumirían el tratamiento de adultos que, hasta el momento, tienen solo el derecho a urgencias. Hasta ahora, 185.000 inmigrantes (menores, embarazadas, trata de blancas, acogidos) tienen cobertura completa. De este modo, Moreno explicó que ya que algunas CCAA habían empezado a tratar y "entendimos que era momento de homogeneizar ". Los requisitos consensuados serían un año de residencia, pasaporte en vigor, que hubieran presentado directamente la solicitud en un centro de salud. Eso les daría derecho a "un documento que les permitiera recibir asistencia, pero no una tarjeta". En farmacia, con ese documento, la aportación sería de forma general del 40%, exceptuando los medicamentos de aportación reducida.
Moreno alertó de que las cosas hay que hacerlas bien, evaluando las consecuencias de las decisiones. "Si no se hacen las cosas bien, es posible que se genere derecho de asistencia a muchos extranjeros europeos sin que hayan aportado", explicó, con lo que nuestro país se convertiría en un paraíso del turismo sanitario. Algo que para el ministro, "desangraba al sistema", por lo que la nueva regulación "no puede abrir la puerta al turismo sanitario", explicó.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: