Los enfermeros irán a una huelga de celo ‘inminente’ si no se aprueba el RD de ‘prescripción enfermera’

Los enfermeros han amenazado con una huelga “inminente” si el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no recibe “de inmediato” a los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería SATSE y se compromete con ellos a la aprobación del Real Decreto de uso y autorización de dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios por parte de los enfermeros de forma inmediata. La enfermería española ha anunciado también que va a exigir que dicha reunión se realice con “luz y taquígrafos”. Esta es la respuesta que el CGE ha dado a la confirmación de que el Consejo de Ministros de este viernes tampoco va a aprobar el real decreto de ‘prescripción enfermera’.

Los miembros de la Mesa de la Profesión Enfermera han procedido a constituir un Gabinete de Crisis compuesto por miembros de ambas instituciones que establecerán las estrategias y acciones a realizar en los próximos días. Además, han anunciado que la campaña de vacunación de la gripe está “en serio peligro”, puesto que la Mesa de la Profesión Enfermera ha acordado informar a los pacientes, a través de sus asociaciones representativas, así como a los 274.000 enfermeros y enfermeras de España que, esta situación generada por el Gobierno de la Nación, “conlleva la exigencia de ceñirnos exclusivamente a aquellas actuaciones legalmente establecidas para el ejercicio profesional de los enfermeros”.

De este modo, en cumplimiento de las leyes vigentes y del Código Deontológico de la Enfermería Española “sin la aprobación de este Real Decreto” las enfermeras y enfermeros españoles no pueden realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va a acompañada de una prescripción médica de forma oficial, es decir: con carácter individual y nominativo para cada paciente, y en la que se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de intervención.

Esta situación, generada por la no aprobación, por parte del Gobierno del citado Real Decreto, va a afectar a toda la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes en el país en todos los servicios de salud, tanto en atención primaria como en atención especializada.

Según explican los representantes de los enfermeros, como primera medida, estos profesionales no podrán vacunar directamente a los 22 millones de personas que cada año reciben su vacunación, ya que los profesionales, sin este Real Decreto no pueden hacerlo al tratarse, las vacunas, de medicamentos sujetos a prescripción médica. Por tanto, según indican, los pacientes tendrán que ir primero al médico para que este les realice la correspondiente prescripción de la vacuna y, posteriormente, acudir a la enfermera para su administración.

Tal y como explican, en aplicación de las leyes vigentes, si las enfermeras administraran directamente las vacunas, estarían cometiendo un delito de intrusismo profesional tipificado en el Código Penal, al tiempo que estarían también vulnerando el Código Deontológico de la Enfermería Española que establece que “la enfermera no debe aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia”. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha determinado que los Códigos Deontológicos “tienen cualidad de Ley y, por tanto, Ley de obligado cumplimiento para los colegiados”. Además, como se trataría de una vulneración de la Ley por parte de las enfermeras, el seguro de responsabilidad profesional no actuaría en caso de siniestro porque las pólizas de dichos seguros no cubren, obviamente, los casos de intrusismo profesional, con lo que los pacientes estarían indefensos ante estas malas prácticas profesionales.

Según explican, ya hay enfermeras inhabilitadas por prescribir medicamentos. Ponen como ejemplo a una enfermera de la Comunidad Valenciana inhabilitada en su ejercicio profesional durante un año y medio por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta inhabilitación fue como consecuencia de haber administrado de forma autónoma un paracetamol a un paciente, sin prescripción médica previa, a pesar de que dicho medicamento, según dicen, estaba indicado para dicho caso y no existió ningún efecto adverso derivado de la misma.

Una falta de respeto a la Soberanía Popular

Por último, los enfermeros dice "constatar la falta de respeto institucional del Gobierno hacia la Soberanía Popular representada por las Cortes Generales". Recuerda que en diciembre de 2009 el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron "por unanimidad" la regulación para la indicación uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros, dando un mandato al Gobierno de la nación para que en el plazo de un año reglamentase por Real Decreto dicho proceso.

Posteriormente el Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad tres Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a desarrollar el citado Real Decreto.