El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha valorado muy positivamente el modelo español de farmacia, un modelo que “aporta equidad gracias a la accesibilidad” que ofrece su capilaridad. Las palabras del segundo del Ministerio de Sanidad se han producido en el marco de su intervención en la mesa debate ‘Determinantes sociales de la salud’ que ha tenido lugar en el 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se celebra en Valencia entre el 7 y 9 de febrero.
Padilla ha desvelado que, en un reciente viaje a Panamá para participar en la COP10 sobre tabaco, las autoridades locales se interesaron por el modelo español de farmacia, valorando especialmente su capilaridad.
Además, el secretario de Estado ha planteado la necesidad de cambiar la manera de trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Padilla es un defensor de los consejos de coordinación, donde los profesionales involucrados en la prescripción, administración y dispensación de medicamentos participen organizadamente ya que “no puede ser que la colaboración dependa de la voluntad de las personas”.
Siguiendo con los cambios de estructura, Padilla considera que es necesario reordenar competencias, especialmente de médicos y enfermeras, así como avanzar en la figura de los farmacéuticos de atención primaria con cupo de pacientes y no vinculado a la gerencia, sino el equipo de Atención Primaria. Igualmente, el responsable ministerial ha considerado que la digitalización podría ayudar a acercar a los profesionales de la atención primaria, por un lado, al hospital y, por otro, a las farmacias comunitarias.
Padilla también ha señalado como necesaria la recuperación universalidad, a través de la Ley de Equidad, así como hacer efectiva la máxima de salud en todas las políticas. Además, Padilla ha planteado que uno de sus elementos clave será avanzar en un “universalismo propoorcional” que busque reducir las desigualdades en determinantes sociales, abogando por “políticas que permitan centrarse en las personas con mayores dificultades”, de este modo, el secretario de estado se “convertiría el derecho en un hecho” de forma que “no se agrandara la brecha”.
En la sesión también ha participado el portavoz del grupo Socialista en el Senado, Kilian Sánchez, quien ha asegurado que “la red de farmacias comunitarias es valedora de equidad, pero también de respuesta como muestran varias iniciativas en los que la Farmacia Comunitaria ya está trabajando para combatir la desigualdad: es el caso de Mascarilla-19 frente a la violencia de género, o el convenio firmado recientemente con el IMSERSO para actuar frente a la soledad no deseada.
Además, Sánchez ha recordado que en una responsabilidad sanitaria previa en La Palma, contó con la colaboración de la farmacia para hacer frente a tres crisis muy graves: covid, volcán y otra entomológica, con la llegada de mosquitos peligrosos para la salud.
En este sentido ha hablado también Natalia Peiró que ha expuesto cómo “la Farmacia Comunitaria es un actor fundamental porque es un actor local, con capacidad para escuchar, detectar y prevenir. También por su capacidad para sensibilizar a otros actores igualmente locales, como Cáritas, pero que no tenemos la formación sanitaria para acompañar a las personas en este ámbito”.
El vicepresidente de la FIP, Lars-Åke Söderlund, ha comentado que “los farmacéuticos y la red de farmacias desempeñan un papel crucial en la promoción de la equidad en salud, proporcionando Servicios Farmacéuticos más accesibles a diversas comunidades de pacientes. A nivel global vemos una tendencia muy clara hacia la Farmacia asistencial y más integrada en los Sistemas Nacionales de Salud”. A esto Jaime Jesús Pérez añade que “la cercanía física, la capilaridad y la diversidad de horario hace que la Farmacia no tenga competencia en términos de acceso".
Por último, la moderadora, Cristina Tiemblo, ha afirmado que la profesión farmacéutica y la Red de Farmacias son recursos disponibles que se deben tener en cuenta en las medidas que se implementen para abordar el efecto de los determinantes sociales en la salud. Según sus palabras, los farmacéuticos “no solo podemos aportar un gran valor a las estrategias que se desarrollen a este respecto, sino que tenemos la voluntad de hacerlo, como venimos demostrando los últimos años siendo siempre proactivos en la proposición de soluciones”.
Estudio “Determinantes Sociales de la Salud”
También durante la mesa, de forma previa al debate, se ha presentado el estudio “Determinantes Sociales de la Salud: abordaje desde la visión de la sociedad civil”, desarrollado por el Consejo General en colaboración con las 14 organizaciones que conforman el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica.
Se trata de un informe, enmarcado en la Estrategia Social del Consejo General, que expone la forma en que la edad, el entorno, el lugar de origen, el de residencia, el género y las relaciones afectivo-sexuales, afectan a la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables. Asimismo, también muestra ejemplos concretos de actuaciones que la Farmacia ha llevado o está llevando a cabo para reducir el efecto que éstos tienen en la vida de los pacientes.
Claudia García-Vaz, Policy Officer del Instituto de Salud Global de Barcelona y principal investigadora del estudio, ha sido la encargada de su presentación, destacando especialmente el decálogo de recomendaciones para luchar contra las inequidades en salud derivado de su análisis y debate por parte de los miembros del Consejo Asesor Social. De acuerdo con sus palabras, “estas diez recomendaciones son la principal muestra del espíritu y la intención con la que nació este proyecto”.
Concretamente, las medidas que señala el decálogo se centran en incorporar el enfoque “salud en todas las políticas”; integrar los determinantes sociales en la investigación en salud; romper con la transmisión intergeneracional de la inequidad; fomentar estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección social; priorizar las políticas de cuidados; respaldar el acceso a una vivienda de calidad y a entornos saludables; reforzar la atención a la salud mental, la detección de la soledad no deseada y la prevención de la violencia y el odio; garantizar la accesibilidad al sistema sanitario de todas las personas; asegurar condiciones de empleo y trabajo dignas; y desarrollar planes frente a crisis que incorporen la perspectiva de determinantes sociales.