La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, ha informado de la solicitud realizada a los consejeros de Sanidad de diez comunidades autónomas, así como a Ingesa (Ceuta y Melilla), para "que regulen a la mayor brevedad posible el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros para que puedan indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano con el fin de no alterar el normal funcionamiento de la asistencia sanitaria".
Concretamente, dicha solicitud se habría realizada a través de una carta firmada por el presidente de Satse, Manuel Cascos, y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, a los consejeros de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, además del organismo que gestiona la Sanidad en Ceuta y Melilla, que serían los que "aún no han cumplido con el requisito de acreditar a las enfermeras y enfermeros".
Recuerdan que Real Decreto de prescripción enfermera obliga a dicha acreditación a los responsables de cuidados generales como de los de cuidados especializados y dicta que ésta será regulada por las comunidades autónomas, en concreto, por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma respectiva.
Real Decreto de prescripción enfermera
Hasta la fecha, recuerdan, solo Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, además del Ministerio de Defensa, han regulado ya el procedimiento y han determinado la acreditación de oficio de todos aquellos profesionales de Enfermería que reúnen el requisito de contar con un año o más de experiencia profesional.
Por último, han señalado que es imprescindible "prever el sistema por el cual aquellos profesionales que no trabajan en el servicio de salud pero que lo hacen en otros ámbitos del sector público, en el sector privado o como autónomos, puedan acceder igualmente a dicha acreditación si cumplen los requisitos exigidos", dado que entienden que "el derecho a acceder a la acreditación está establecido para todos los profesionales sin distinguir en qué ámbito ejerzan".
