Diversos de los temas que han provocado conflictos judiciales en el ámbito farmacéutico en los últimos años han protagonizado buena parte de los debate del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que se está celebrando en Madrid del 15 al 17 de octubre.
Las subastas de medicamentos en Andalucía centraron ayer el contenido de una de las charlas, que contó con la visión del Servicio Andaluz de Salud, a través de su directora general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Remedios Martel; de la Administración del Estado, con la intervención de José Ignacio Vega, abogado del Estado en excedencia y ex secretario general técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo; y de expertos jurídicos, como César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo y Julio Sánchez Fierro, de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
Otro debate destacado de política farmacéutica ha girado en torno a las desigualdades en el acceso a tratamientos farmacológicos que, según sentencias judiciales, se han producido en diversas comunidades autónomas, tales como el cobro de la tasa de un euro por receta, medida implantada en Madrid y Cataluña y anulada por el Tribunal Constitucional, los algoritmos de prescripción en la Comunidad Valenciana o la selección de medicamentos a prescribir que se ha producido en otras comunidades como en Aragón o Navarra. La necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se ha visto afectada en los últimos años por decisiones autonómicas basadas en la búsqueda del ahorro, han centrado las intervenciones de los participantes en esta mesa.
Los riesgos que generan las denominadas ‘alternativas terapéuticas equivalentes’ han protagonizado un debate que ha contado con representantes de los diversos agentes implicados. Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, ha hecho hincapié en que las ATE dificultan la investigación. La presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, Cristina Avendaño, y Ricardo de Lorenzo, de la Asociación Española de Derecho Sanitario, también han cuestionado este concepto. Otro de los debates que se han producido en el ámbito farmacéutico es el de la necesidad de disponer de reglas específicas de intercambiabilidad y sustitución de biosimilares.
Unos 500 profesionales vinculados a las áreas jurídico-sanitarias han acudido al Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que también ha tratado sobre la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios y las agresiones que éstos padecen, así como las prestaciones sanitarias a ofrecer a la inmigración irregular.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: