A los pacientes no les importa que las subastas no invadan competencias

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que las subastas andaluzas de medicamentos no invaden competencias del Gobierno central al no modificar el precio establecido por el Ministerio de Sanidad en los medicamentos. Pero el hecho de que no invada competencias que no le corresponden, no otorga a este perverso mecanismo ninguna bondad. Por el contrario, las subastas siguen siendo igual de perjudiciales para las farmacias, para el tejido industrial farmacéutico y, muy especialmente, para los pacientes.

Es más, aunque no invadan competencias del Ejecutivo central, no quiere decir que sea un mecanismo legal. Tal vez en este punto, sea bueno preguntarse si el Ministerio de Sanidad no erró en la estrategia que siguió contra las subastas, especialmente tras modificar lo que al principio era un cambio de precios de los medicamentos por una aportación a posteriori en función de las ventas. A lo largo de este tiempo hemos visto cómo los argumentos de la Abogacía del Estado eran tan endebles que no consiguieron nunca una suspensión del procedimiento más allá de la automática en caso de un recurso de inconstitucionalidad.

Pero los perjuicios que generan las subastas van mucho más allá de la invasión de competencias. Ponen límites a la libre circulación de mercancías, rompen la unidad de mercado y reducen el vademécum disponible. Y aun así, lo más importante seguirá siendo el perjuicio al que se somete a los ciudadanos cada vez que hay desabastecimientos de algún medicamento de los de la subasta, algo que sucede de forma más frecuente de lo normal.

Y este es el principal punto que hay que atacar en el ámbito de las subastas. Bueno, este y los posibles problemas de calidad que se han visto en algunos casos, como han denunciado en alguna ocasión los farmacéuticos (blisters vacíos, contaminaciones, etc.), de los que habría que investigar su autenticidad.

En relación a los desabastecimientos, las compañías no participantes en las subastas han tenido también parte de responsabilidad al cubrir las faltas del laboratorio adjudicatario. De este modo, el paciente no ha sufrido más trastorno que el cambio de envase. De no haber producto para sustituir, como debería ser lógico en caso de un monopolio del que uno está excluido, el impacto social del desabastecimiento sería mucho mayor, las multas por incumplir los compromisos de abastecimiento estarían a la orden del día y los cambios de tratamiento por un principio activo de mayor precio también, con lo que dejaría de ser rentable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Eso, si alguna vez lo han sido, ya que es absolutamente increíble la falta de transparencia existente en relación a los ingresos obtenidos por el SAS así como el destino de dichos fondos y las sanciones impuestas por los incumplimientos de los convenios de cada adjudicación.

Y como decía antes, la sentencia del TC no supone legalidad alguna ya que hay muchos flecos pendientes. Pero aunque no fuera el caso, el hecho de que una medida sea legal no quiere decir que sea beneficiosa para el ciudadano. Y eso es algo que desde Andalucía se ha esgrimido con frecuencia en los últimos tiempos a costa del Real Decreto-ley 16/2012 sobre el que no cabe duda de su legalidad pero el Gobierno andaluz ha criticado de forma abierta

Aparte de todo esto, lo que está claro es que la Junta de Andalucía le ha ganado la batalla al Ministerio de Sanidad. Yo llevo diciendo mucho tiempo que las subastas se habían convertido en una cuestión política de enfrentamiento y presión. Ahora está claro, Andalucía se ha llevado el gato al agua. Y desde esa posición de victoria no estaría mal que abrieran los ojos y miraran a su alrededor y dieran una alternativa.

No cabe duda de que las subastas han permitido ahorros a la Junta, pero la cifra de 413 millones no hay quien se la crea ya que las adjudicaciones no han superado nunca el 40% de los principios activos licitados. Tampoco hay dudas de los perjuicios que se causan frecuentemente a los usuarios, ni a las farmacias ni a la industria. Y, del mismo modo, pocas son las dudas del rechazo que gran parte del Parlamento de Andalucía tiene frente a esta medida, que si se ha mantenido ha sido por juegos y negociaciones políticas ajenas a la sanidad.

Por todo ello, creo que es el momento de poner encima de la mesa, con transparencia, todos estos aspectos y negociar y diseñar un sistema que aporte al SAS el ahorro que busca sin ser tan perjudicial para todos los agentes. Especialmente cuando desde algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, anuncian que podrán sistemas similares y, por tanto, se amenaza con más diferencias entre ciudadanos.