Al igual que otros sectores sanitarios, ni el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia (CGCOF), ni la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) han valorado positivamente el nuevo Anteproyecto. Aunque ambas entidades encuentras cuestiones positivas en la nueva norma, el modelo de precios selecionados concentra todas las críticas. Ambas organizaciones consideran que impactaría negativamente en sus respectivos ámbitos de actuación.
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos alerta de las consecuencias que podría tener el nuevo sistema de precios seleccionados establecido en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El proyecto normativo, que entra ahora en fase de audiencia pública, establece un nuevo modelo de selección de medicamentos por el que se elegirá cada seis meses el medicamento o medicamentos más baratos de cada tipo (agrupación homogénea) y deben ser dispensados.
De esta forma, si a un paciente le prescribieran un medicamento que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio.
Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se advierte de que esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado.
“Los farmacéuticos estaríamos viendo ampliada nuestra capacidad para sustituir medicamentos, pero no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias. Este nuevo sistema nos pone en el compromiso de sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente”, explica Jesús Aguilar, presidente del Consejo General.
Además, el nuevo sistema, al limitar los fármacos seleccionados, reduciría drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos. Pero que tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento.
Por otra parte, el Consejo General valora la introducción de medidas de desarrollo profesional del farmacéutico en el anteproyecto de ley. Entre ellas figura la posibilidad de actuar sobre medicamentos de primera prescripción en determinadas circunstancias, la participación en comités de coordinación farmacoterapéutica en las Zonas Básicas de Salud, o el reconocimiento a la labor del farmacéutico en la dispensación entre presentaciones equivalentes. Estas medidas, en línea con las peticiones realizadas por el Consejo General, representan un aumento de competencias del farmacéutico y permitirían aliviar la presión de la atención primaria.
Sin embargo, el Consejo General recuerda que este proyecto normativo solo podrá utilizar el potencial de las farmacias, reforzando la capacidad asistencial y de salud pública del Sistema Nacional de Salud, si garantiza a la vez la sostenibilidad, accesibilidad y viabilidad del conjunto de la red de farmacias comunitarias, que con este anteproyecto de ley se pone en riesgo.
“Sólo una farmacia social, accesible y económicamente viable permitirá aprovechar el potencial de la profesión farmacéutica al servicio del Sistema Nacional de Salud, ampliando sus capacidades asistenciales y garantizando la equidad en el acceso a los medicamentos. Sin sostenibilidad económica, no hay desarrollo profesional posible”, ha dicho Aguilar.
Riesgo para la cadena del medicamento
La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) considera que el establecimiento de un modelo de precios seleccionados, tal y como recoge el Anteproyecto "de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado hoy por el Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, "impactaría negativamente en toda la cadena del medicamento -laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia- y podría comprometer la disponibilidad de medicamentos para la población".
A este respecto, estima que la gestión de este modelo de precios seleccionados afectaría a la labor de los mayoristas farmacéuticos debido a la “incertidumbre derivada de las revisiones constantes de precio”. Una inestabilidad que, según precisan, “dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones de los niveles adecuados de stock de los medicamentos, generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes”.
Por otro lado, Fedifar considera que la tramitación de esta norma abre una oportunidad para recoger una de las demandas de la patronal: el reconocimiento normativo de la actividad de gama completa y su diferenciación respecto a la que realizan otros distribuidores que actúan en el mercado con la misma licencia pero que llevan a cabo una labor completamente diferente. “Durante la tramitación insistiremos en que se reconozca la actividad mayorista de gama completa para aquellos distribuidores que aseguren un suministro ininterrumpido a las farmacias de su ámbito territorial de todas las especialidades disponibles en el mercado, estableciendo, asimismo, un distinto nivel de obligaciones para los que tienen esta consideración”, concluyen desde la patronal.