O autonomía estratégica, inversiones y atracción de talento, o sanidad ‘low cost’

El anteproyecto de Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios ha logrado un inaudito consenso entre todos los agentes del sector. Desde los fabricantes de medicamentos de marca innovadores (Farmaindustria) a los genéricos (Aeseg), pasando por los de autocuidado (Anefp), que en principio no se verían afectados, hasta los biosimilares (Biosim), huérfanos (Aelmhu) o los de química fina (Afaquim) han expresado su rechazo al sistema de precios seleccionados que incluye la norma.

Igualmente, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) o la distribución farmacéutica (Fedifar) han salido a protestar por un sistema que, visto lo visto, no convence ni convencerá a nadie.

La salida en tromba ha sido de tal magnitud que las valoraciones iniciales sobre la aprobación del anteproyecto, sin conocer aún el texto completo (algo que sucederá entre este miércoles y jueves), se han centrado casi en exclusiva en este sistema.

Es cierto que cada ámbito profesional plantea el problema con unas consecuencias y una perspectiva diferente, pero hay algo que une a todos: la incertidumbre.

De nada ha servido que, de acuerdo con el borrador filtrado en diciembre se haya incrementado el plazo de dos meses a seis para cada subasta de precio seleccionado. Es cierto que tampoco ha ayudado la sospecha de que haya desaparecido del texto la salvaguarda de que el medicamento que marque el precio más bajo de la agrupación homogénea se comprometa a suministrar al menos el 50% del mercado. Pero lo que parece claro es que el modelo no es gestionable y va en contra de planteamientos que se hacen en materia industrial y de impulso de nuestra economía.

En este sentido, la industria farmacéutica en pleno lamenta que el sistema de precios seleccionados vaya en contra de la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada en diciembre por el Gobierno. No le falta razón. Un sistema así solo beneficia a los laboratorios asentados fuera de España o, en su caso, a algún bróker que, con su móvil y poco más, es capaz de traer un lote, barato a saber por qué, y reventar el precio sin más intención de continuidad futura.

Por su parte, los farmacéuticos aseguran que el sistema, además de poner en peligro la adherencia terapéutica, disminuiría la disponibilidad de medicamentos, ampliaría los casos de desabastecimiento y produciría pérdidas económicas y de empleo, así como una disminución del número de farmacias y, en consecuencia, una caída de la calidad asistencial. Por sí solo, el artículo 115 que regula los precios seleccionados podría afectar negativamente más que los beneficios que aportan otras innovaciones de la norma en favor de los farmacéuticos, denuncia el Consejo General.

En cuanto a la distribución, también pone el acento en la incertidumbre de las constantes revisiones de precios, así como en la inestabilidad que se provocaría al dificultar las previsiones de demanda y los ajustes de stock, de modo que se pondría en riesgo la disponibilidad de medicamentos para los pacientes. Falta por conocer la visión de estos últimos así como de los médicos prescriptores, pero me parece que ninguno de los colectivos estarán conformes con la medida por los riesgos de desabastecimiento y falta de adherencia que se podrán producir.

Considero que los argumentos expuestos por los distintos agentes son más que razonables. Resulta incoherente impulsar la creación de un hub industrial en España y pretender atraer nuevas inversiones mientras se adoptan medidas que dificultan la actividad de quienes ya están presentes en nuestro país, comprometiendo incluso su viabilidad. La autonomía estratégica, la atracción de inversiones y talento, tiene un coste y no es otro que pagar el diferencial de precio entre lo que cuesta fabricar un producto con las condiciones y garantías que nos damos aquí y lo que costaría importarlo de otras latitudes. Eso incluye, por supuesto, no ir a cualquier bazar a buscar ahorrar unos cuantos céntimos. No es sostenible mantener unos salarios europeos si todo lo compramos en AliExpress; de hacerlo, el futuro es tener salarios chinos. Y eso es lo que nos está pasando en nuestro país.

Esto, por supuesto, tampoco significa que se deje de actuar sobre los precios de los medicamentos e incentivando la competencia, pero esa competencia debe tener las mismas exigencias o incluso, en defensa de la autonomía estratégica, aportar a los productores locales unas garantías o unas condiciones que compensen la desventaja de competir solo en precio. Porque, si se aboga por una subasta, será ganada, casi siempre, por laboratorios de paso. Y eso aporta entre cero y nada a nuestro producto interior bruto (PIB) y a nuestro ecosistema social y económico. Solo estaríamos destrozando el sistema productivo español, ese que, durante la pandemia, nos libró de muchas más penurias de las que en sí pasamos. Y todo, a cambio de migajas.

Sin más grasa, solo se quita músculo

Como siempre, se pone la atención allí donde hay luz. Pero la luz tan intensa que tenemos en la prestación farmacéutica y, especialmente, en el ámbito de la oficina de farmacia, nos dice que el gasto está absolutamente controlado. Por lo que las bolsas de ineficiencia son mínimas y ya no hay más grasa que quitar, sino que casi todo sería músculo, como denuncian todos los agentes del sector.

El gasto farmacéutico en oficina de farmacia per cápita en 2024 alcanzó los 272,7 euros. Cifra casi idéntica a la registrada en 2009, 16 años antes, cuando se cifró en 267,6 euros. En este tiempo, por tanto, el incremento de la factura total, que ha pasado de 12.506 a 13.354 millones de euros, un crecimiento del 6,7%, se ha debido al aumento de población y demanda, ya que las recetas per cápita al año subieron de 20 a 23,6 (18,1%). La única explicación a esto viene de una reducción de gasto medio por receta en un 13,7% al pasar de 13,39 a 11,55 euros. Una caja de medicamentos es lo único que hoy cuesta un 13,7% menos que hace 16 años. Por todo ello, ¿es necesario seguir bajando el precio de los medicamentos, con el riesgo que eso supone?

La gran mayoría de los medicamentos que se verían afectados por el nuevo sistema de precios seleccionados tienen un precio inferior a los 4 euros, para un mes de tratamiento: 13 céntimos de euro al día. ¿De verdad es necesario bajarlo más? De acuerdo con las cifras de ahorro estimadas por el Ministerio (800 millones por el sistema de precios de referencia y seleccionados), sería como reducir este mercado en una quinta parte, o lo que es igual, que ese tratamiento diario pase a costar 10 céntimos, como una bolsa de plástico del supermercado. ¿Aún queremos pagar menos y arriesgar todas las garantías que, por supuesto, tienen hoy en día nuestros medicamentos?

Por tanto, si es un sistema que va a debilitar nuestra industria, va a ir en contra de la autonomía estratégica, pone en riesgo los abastecimientos, dificulta la gestión de stocks y afecta a la viabilidad de cadenas de producción, así como distribución y farmacia, los ahorros que aporte serán limitados, especialmente en un ámbito perfectamente controlado en cuanto a la sostenibilidad, ¿para qué ponerlo en marcha y tensionar aún más una frágil, pero imprescindible cadena?

Me sumo a todos esos agentes del sector que reclaman al Ministerio de Sanidad que reconsidere la medida. Creo que sería interesante que pidiera colaboración a los agentes para encontrar el sistema que, basado en una competencia sana permita al sistema funcionar con toda la eficiencia deseada, pero no convierta la búsqueda de eficiencia en un objetivo en sí mismo, sino que sea un medio para hacer posible que los objetivos sanitarios puedan compatibilizarse con el resto de los objetivos estratégicos, económicos e industriales. No se puede defender la autonomía estratégica, reclamar inversiones, abogar por salarios dignos y la atracción de talento, pero querer una sanidad low cost en la que el precio sea lo único importante. O lo uno o lo otro.

Creo que los dirigentes del Ministerio de Sanidad, empezando por el secretario de Estado, Javier Padilla, y el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, tienen ante sí la oportunidad de poner las bases de un sistema que se ajuste a las necesidades de todos y sea realmente un win-win para Administración, pacientes, profesionales y sector farmacéutico.

José María López Alemany es director de Diariofarma.