El nuevo sistema de precios seleccionados que incluye el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado este martes por el Consejo de Ministros ha generado un rechazo inmediato y contundente por parte de todo el sector farmacéutico en España.
Las principales asociaciones de laboratorios farmacéuticos integradas en el Comité Mixto de la Estrategia de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria, Aeseg, Biosim, Aelmhu, Anefp y Afaquim), así como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la patronal de la distribución farmacéutica (Fedifar) rechazan contundentemente este nuevo sistema y ya han iniciado una serie de acciones que tendrán continuidad próximamente.
Diariofarma ha podido saber que la semana pasada las asociaciones de la industria, en una “estrategia común y coordinada” enviaron una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una reunión urgente y expresar su preocupación por el impacto industrial del modelo de precios seleccionados.
En la tarde de este martes está prevista la difusión de una nota de prensa conjunta y se está preparando un informe técnico que será firmado por todas las partes, que se presentará de forma inminente.
Adelantándose a esa reacción oficial, fuentes de Farmaindustria, han señalado a Diariofarma que el sistema de precios seleccionados “supone un cambio de modelo radical que impactará muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país, provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento y de la cadena de suministro y pondría en peligro la continuidad de los tratamientos para los pacientes y añadiría complejidad a la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos”.
Para la patronal de la industria innovadora, el modelo propuesto sería “contrario al concepto de autonomía estratégica abierta, objetivo fundamental del Gobierno y de la Estrategia de la Industria Farmacéutica que aprobó el pasado mes de diciembre”. Además, según estiman, conllevaría “un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía”.
Como parte de ese informe técnico que preparan todos los agentes privados del sector, se insiste en las dificultades que acarrearía para los pacientes a causa del riesgo de que se produzcan “cambios frecuentes de la medicación”, lo que podría perjudicar la adherencia a los tratamientos y generar confusión entre los usuarios.
Asimismo, señalan que el modelo introduce incertidumbre en un sector clave para la economía española. “Genera un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre económica para las compañías, con el consecuente impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento en España”, afirman los documentos preparatorios del comunicado.
Desde el sector recuerdan que España cuenta con 106 plantas de producción de medicamentos de uso humano, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, que jugaron un papel esencial durante la pandemia. La nueva ley, sostienen, amenaza la viabilidad de parte de ese tejido industrial, especialmente el vinculado a los medicamentos fuera de patente.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
