Los representantes de las principales organizaciones del sector han manifestado su rechazo a las líneas generales del informe Spenging Review sobre gasto en medicamentos a través de receta médica que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado esta semana.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)ha emitido un comunicado en respuesta a la presentación del informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que señala que las medidas que incluye "puede generar graves perjuicios en la salud de los ciudadanos", refiriéndose, concretamente, a "la falta de equidad de la propuesta", a los "riesgos de desabastecimiento", y al perjuicio "en la adherencia a los tratamientos".
El CGCOF ve más sombras que luces en las medidas que propone la Airef
En lo que respecta al modelo de subasta propuesto, éste solo atiende, se queja la entidad colegial, "a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos", ignorando "el valor social del medicamento", el cual, apuntan, "no es un producto de consumo".
El presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ha manifestado que "que esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos. Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento”.
Farmaindustria
Al igual que ha hecho el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Farmaindustria ha reaccionado a la publicación de los resultados del estudio del Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con un comunicado en el que opina que éste se centra de forma exclusiva en la reducción de costes, que ignora los procesos de innovaciónincremental, que obvia la igualdad de precios entre marcas y genéricos, y que además no tiene en cuenta el posible impacto sobre el tejido industrial y las inversiones en investigación biomédica en España.
Así, tras su análisis del documento, y reconociendo la necesidad de profundizar un poco más en su lectura para realizar una valoración más detallada de cada una de las propuestas, Farmaindustria considera que "el estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares". También ignora, prosiguen, "la complejidad del proceso de innovación y la naturaleza incremental del progreso terapéutico, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento".
Otro aspecto que han querido subrayar es la falta de consideración sobre la reducción del gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), "que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010, al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018".
Fedifar
La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) ha seguido la estela de los representantes de los laboratorios innovadores y de los profesionales farmacéuticos y ha emitido un comunicado para dar su valoración sobre las medidas recogidas en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en relación con el gasto en medicamentos a través de receta. Concretamente, se refieren, entre otras propuestas, a las subastas de medicamentos a nivel nacional, que, en opinión de Fedifar, "no son el camino adecuado" que debe seguir el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El presidente de la patronal de las empresas de distribución de gama completa, Eladio González, ha alertado de los perjuicios que puede causar a los ciudadanos, más allá del impacto que pueda tener en los agentes que operan en la cadena de suministro. "Una subasta de medicamentos causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan", afirma.
Fedifar considera “un error” la propuesta de subastas de la Airef
González considera que es "un error" implantar un sistema de subastas a nivel nacional y se muestra en contra del propio concepto de subastar al mejor postor un bien de salud como son los medicamentos. "Tenemos experiencias que han puesto en evidencia que las subastas de medicamentos pueden derivar en graves problemas de abastecimiento de medicamentos. Extender este tipo de experiencias a nivel nacional es sumamente complejo y arriesgado, no solo desde el punto de vista económico, sino en algo que nos preocupa mucho más: en términos de salud para los ciudadanos", indica.
Aeseg
Por su parte, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), alerta que la propuesta anunciada esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, acerca de la implementación de un sistema nacional de subastas para los productos dispensados a través de la oficina de farmacia, tendría un efecto negativo para el Sistema Nacional de Salud y los pacientes.
Cualquier medida orientada a la exclusividad de suministro, por una o un número limitado de compañías, que impida la libre participación de todos los laboratorios disponibles, dificultará el suministro regular de fármacos y supondrá un riesgo en el normal abastecimiento de medicamentos para el paciente, en un momento, además, de amplia repercusión social y mediática.
Según la patronal de genéricos, con unas subastas a nivel nacional, además de desabastecimientos, se produciría un efecto negativo inmediato en el sector de los medicamentos genéricos traducido en una merma del tejido industrial y la pérdida de puestos de trabajo en un sector que emplea a 9.000 personas de manera directa y a 23.000 indirectamente; habría un impacto negativo y disminución en la producción y habría una disminución de las inversiones en innovación, aspecto en el que se emplea más del 2,5% de las ventas anuales.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: