La comisión de precios del gobierno francés (CEPS) podría tener capacidad de recortar la factura farmacéutica y de tecnologías sanitarias con financiación pública si finalmente se da luz verde a la normativa en fase de borrador que permite ajustar los precios en función de aquellos acordados en otros cuatro estados de la UE: España, Alemania, Italia y Reino Unido.
Basándose en los precios de esos cuatro países, que considera similares por su tamaño al francés, la comisión podría reducir los precios, según el artículo 98 del borrador de la ley de financiación de la seguridad social (LFSS) de 2017.
La patronal de la industria en Francia, LEEM, insiste en que el gobierno galo ha hecho del sector su objetivo principal a la hora de reducir gastos. Los datos de LEEM indican que la industria ha contribuido con 5.000 millones de euros en ahorro de la factura sanitaria del país en los últimos tres años. Esa cantidad representa la mitad del ahorro total en la partida de gasto público en salud.
El proyecto también puede suponer un cambio sustancial en materia de autorizaciones temporales (también conocidas por sus siglas, ATU) para enfermedades raras o graves en las que no hay opciones terapéuticas. En Francia, el fabricante puede decidir el precio y aprovechar la situación de monopolio.
No obstante, hay planes de limitar el coste de estos tratamientos a 10.000 euros anuales por paciente en casos de fármacos cuyas ventas excedan los 30 millones de euros en un año en el país. Estos cambios se contemplan en el artículo 97 de la LFSS.
En caso de que las conversaciones con los fabricantes no lleguen a buen puerto, la LFSS dotaría al CEPS de la capacidad de determinar los precios de forma unilateral hasta igualarlos a los del competidor de precio menor. El sector ha protestado la medida porque inhabilitaría de hecho el acuerdo que se firmó con el gobierno.
Por otro lado, la normativa permitiría el establecimiento de un nuevo Fondo para la Financiación de la Innovación Farmacéutica (FFIP).
Nicolas Gonzalez Casares: