La farmacia europea, representada por la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), ha organizado, junto con el Consejo de Dentistas (CED) y el Comité de Médicos (CPME), una jornada el próximo día 18 de octubre a las 13.00 en la sede del Parlamento Europeo, la cual, bajo el título Economics trumping health? EU proporcionality test for health profesions (La economía por encima de la salud? El test de proporcionalidad de la UE para las profesiones sanitarias), pretende servir como punto de encuentro para que representantes de los profesionales de la salud puedan dar su opinión con respecto a la 'Propuesta de Directiva relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones' de la Comisión Europea, de la que ya informó Diariofarma en julio (ver información).
Peter Liese, eurodiputado alemán integrado en el Partido Popular Europeo (PPE) y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, y Lieve Wierinck, europarlamentaria belga que forma parte del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) harán de anfitriones de una reunión que tendrá lugar en medio de una batería de discusiones que se celebrarán entre octubre y noviembre en el seno de las comisiones relacionadas con la regulación de las profesiones, de modo que éstas puedan fijar sus posiciones con respecto a la Propuesta de Directiva de la Comisión.
El primero de esos debates se dará en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, el día 12 de octubre, una semana antes del encuentro organizado por farmacéuticos, dentistas y médicos. Ese día se votará el Proyecto de Opinión presentado por Françoise Grossetête, del Grupo Popular Europeo, cuyo texto original incluye una enmienda al considerando 7 de la exposición de motivos, en la que apela al respeto de las responsabilidades de los Estados miembro, como están definidas en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, "en lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica por las profesiones reguladas designadas a tal efecto". Y con este fin, reclaman "la exclusión de dichas profesiones reguladas del ámbito de aplicación" de la citada Directiva.
El texto también señala, relación con el considerando 12, que "es necesario tener en cuenta que la salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el Tratado", y que "se les reconoce a los Estados miembro cierto margen de maniobra a la hora de decidir sobre el grado de protección que desean asignar a la salud pública y sobre cómo lograr dicha protección". Asimismo, proponen una modificación del artículo 2, con una redacción que sigue así: "Sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, la presente Directiva no se aplicará a las profesiones que prestan servicios de asistencia sanitaria, con independencia de que estos servicios se presten o no en establecimientos sanitarios e independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional o de su naturaleza pública o privada".
La posición de la Comisión de Empleo
Posteriormente, el 6 de noviembre, está fijada la votación del Proyecto de Opinión de la Comisión de Empleo, el cual ha estado liderado por la española Paloma López Bermejo, representante de Izquierda Unida en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. El texto que tendrá que ser debatido señala que los artículos 46, 53 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea "no brindan base jurídica suficiente para la Propuesta de Directiva". El primero "no puede utilizarse para transferir de los Estados miembros a la Comisión las competencias en materia de cualificación profesional"; el segundo, "no confiere a la Comisión competencias para decidir sobre la validez de las nuevas regulaciones de profesiones, en particular en el caso de la asistencia sanitaria", y el tercero, concluyen, "no puede utilizarse como base de carácter general para contestar las regulaciones de profesiones tratándolas como obstáculos al acceso".
Sobre el principio de subsidiariedad, el Proyecto de Opinión que será discutido el 6 de noviembre considera que es "vulnerado" por esta Propuesta de Directiva (según su definición en el artículo 5 ap. 3 del TUE), "toda vez que socava las competencias de los Estados miembros en el ámbito de las profesiones reguladas y la formación profesional, ya que exige a éstos que justifiquen la proporcionalidad a la Comisión antes de que puedan crear nuevas profesiones reguladas", lo que, estiman, "constituiría un acto ilícito" al recaer la carga de la prueba sobre la Comisión. Y finalmente, en lo que respecta a la proporcionalidad, apunta que "la propuesta no está en consonancia" con este principio, según está definido en el artículo 5 ap. 4 del TUE, por la falta de unos "criterios claros, transparentes y concretos", y califica la perspectiva con la que se ha redactado la Propuesta como "puramente económica", criticando el hecho de que "la Comisión considere que la regulación de las profesiones constituye un obstáculo económico, sin tener en cuenta el interés público (por ejemplo, la salud) que inspira este tipo de legislación y que contribuye a velar por la calidad y la seguridad en la prestación de servicios".
La posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos
En esta ocasión, y pese a que la opinión de esta Comisión no se considera determinante para el informe final, también ha registrado su Proyecto de Opinión la Comisión de Asuntos Jurídicos, con una ponencia liderara Gilles Lebreton, eurodiputado del Frente Nacional francés, incluido en el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades. En él proponen completar el considerando 2 con una alusión al artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), para "excluir de las medidas de armonización y ofrecer a los Estados miembros amplio margen para establecer su normativa en lo que respecta a la política de salud, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y de atención médica", y hacen referencia en la redacción propuesta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que reconoce la posibilidad, en lo que respecta a las profesiones relacionadas con la salud, de "que los Estados miembros limiten la libertad de establecimiento para proteger la salud pública y la seguridad jurídica".
La Comisión de Asuntos Jurídicos también propone una nueva redacción del artículo 6 de la Propuesta de Directiva, que quedaría como sigue: "La presente Directiva no se aplicará a los siguientes sectores de actividad para los que el TFUE prevé normas específicas: la protección de los consumidores, los transportes, la salud y el turismo".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: