Tras un análisis de la situación actual de los incentivos con los que se encuentra la I+D+i en España, el director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), Ion Arocena, y el delegado de la Comisión de Retos Transversales de la Asociación, Andrés Ballesteros, han propuesto una serie de medidas que ayuden a configurar un ecosistema favorable para que las empresas inviertan.
En primer lugar, se refirieron a cómo las políticas de control de déficit y lucha contra la morosidad puestas en marcha por el Estado en los años de crisis han endurecido los criterios de acceso a financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, fondos para I+D que florecieron entre 2005-2009, procedentes del Capítulo VIII y que se canalizaban, mayoritariamente, en forma de préstamos. Ese endurecimiento, explican, ha dificultado que muchas empresas innovadoras pudieran captar financiación. Además, muchas de las que lo han conseguido se encontrarían altamente endeudadas y con problemas para cumplir con la rigidez la inflexibilidad de los plazos de devolución. "Esta situación resta atractivo a las empresas españolas en comparación con sus competidores internacionales para acceder a los fondos necesarios para su crecimiento", señalan desde Asebio.
Por todo lo anterior, desde la Asociación consideran que es necesario evitar continuar con las políticas que han generado el problema descrito, incrementando el presupuesto de I+D en los PGE, con un mayor peso de las partidas no financieras, es decir, impulsando las subvenciones y las políticas basadas en inversión en capital. Como ejemplo positivo, señalan el programa Fondos Innvierte, que habría dotado al sector innovador de una capacidad de inversión en capital sin precedentes en nuestro país.
Asimismo, abogan por la flexibilización de la devolución de las ayudas, estableciendo mecanismos de renegociación de los vencimientos que eviten que la deuda se convierta en un problema para el desarrollo, crecimiento e incluso, la viabilidad de las empresas. "Asimismo, se deberían articular mecanismos de conversión de dichos préstamos en otro
tipo de instrumentos más compatibles con la competitividad y viabilidad empresarial de las empresas de alta intensidad en I+D, como podrían ser determinados tipos de deuda subordinada o capital", prosiguen.
Incentivos fiscales
Además de pedir estos cambios en la posibilidades de financiación de estos proyectos, han reclamado la puesta en marcha incentivos fiscales que dinamicen la inversión en empresas que realizan actividades de I+D, mejorando las
posibilidades de monetización de las deducciones de I+D.
Desde Asebio también se han referido a la caída de la inversión pública en I+D entre 2009 y 2016 (un 12,60%), un dato que contrasta con los crecimientos de países como Alemania (35%) o Reino Unido (29%). De media, la cifra ha subido un 17,50 en la Unión Europea. La inversión privada también ha caído, aunque en menor media (el 5,8%) en el mismo periodo, mientras que en Reino Unido ha subido el 62%, el 34% en Alemania y el 21,8% en la UE.
En 2016, la inversión española en I+D respecto al PIB suponía el 1,19%, con 13.307 millones de euros, mientras que la Unión Europea (UE) se situaba en el punto más álgido de los últimos años, con el 2,03% del PIB, según datos del INE y Eurostat.
Vistos los datos, que no dejan en muy buen lugar a nuestro país en lo que respecta a la apuesta por la I+D+i, el director de Asebio ha opinado que "es necesario que se haga efectivo un cambio de modelo productivo basado en el apoyo público a la inversión en I+D+i". Para ello, no obstante, reclaman "una visión a largo plazo fundamentada en instrumentos diferentes de tratamiento de financiación pública a la innovación".
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: