La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) ha presentado el informe 'Propuestas para incrementar la competitividad del sistema español de I+D+I', que parte de un análisis de las políticas públicas de apoyo a la I+D+I puestas en marcha en España y su comparación con las políticas que han implementado países de nuestro entorno. Como dato, han encontrado que la inversión empresarial en I+D+I en España, que representaba el 0,66% del PIB en 2017, es todavía muy inferior al 1,36% de la media de países de la Unión Europea.
El análisis de los datos macroeconómicos, que además indaga en los instrumentos y prácticas definidas en 21 países, trata de hacer aflorar la relación existente entre inversión pública en I+D+I e inversión empresarial. Se extrae de este trabajo que los países con mayor apoyo público a la I+D+I presentan una mayor inversión empresarial.
En cuanto a la posición de España, parece, según el análisis realizado por la consultora Aymimg, que nuestro país está por debajo de países similares de su entorno, como Italia y Portugal, debido principalmente al bajo nivel de inversión directa del Gobierno. La cuantía presupuestaría destinada a este fin y la falta de ejecución de éstas (en 2018 no llegó al 30%), estaría detrás de esa situación.
También se analiza el modelo de financiación español, basado en préstamos, al cual se le considera como una rara avis en el entorno internacional, así como el limitado acceso de las pymes españolas a los incentivos indirectos, no pudiéndose beneficiar del efecto incentivador pretendido con las deducciones fiscales. Por último, se pone de manifiesto la falta de agilidad administrativa, y la necesidad de reducir el tiempo necesario para que las empresas puedan beneficiarse de los incentivos directos e indirectos, para ampliar su efecto estimulador.
Principales propuestas
A partir de esta radiografía, se plantean una serie de medidas, que supondrían, en su conjunto, una reforma en profundidad del sistema español de apoyo a la I+D+I, apunta Asebio. "Las propuestas se basan en buenas prácticas y casos de éxito, en algunos casos identificados en países de nuestro entorno, que complementarían y enriquecerían el dispositivo de incentivos españoles a la innovación", reza el informe, donde se asegura que, en último término, supondrían la generación de un marco competitivo más atractivo a la inversión directa extranjera y nacional, para que las entidades innovadoras puedan establecerse y contribuir al desarrollo económico del país.
Entre dichas medidas, incluyen la mejora del acceso a las ayudas públicas, a través, por un lado, de una mayor dotación presupuestaria del Capítulo VII (subvenciones) frente al Capítulo VIII (préstamos), así como la adaptación de los requisitos de acceso a las particularidades de los diferentes sectores, de la definición de un calendario estable de publicación, tramitación, resolución y cobro de ayudas en plazos previos al inicio de las inversiones, y la simplificación del proceso de solicitud y justificación de las ayudas conforme a su cuantía y la confianza de resultados previos.
Asimismo, abogan por ampliar el uso del crédito fiscal, de modo que se pueda utilizar en la reducción de la deuda tributaria, como garantía financiera frente a otros préstamos o para la reducción de otros impuestos adicionales a los que haga frente la entidad, y también incrementar la competitividad del sistema de monetización de la deducción fiscal con foco en los plazos, la eliminación del descuento/limitación y otros requisitos que restan seguridad en la aplicación del incentivo, tratando de definir procedimientos más ágiles.
Durante la presentación del informe, Jordi Martí, presidente de la asociación, ha manifestado que "la importancia de la inversión pública en I+D+I es crucial". "Los países ricos invierten en ciencia, porque entienden que es el camino para crecer. Impulsan la innovación a través de una mayor inversión en I+D, es decir, apuestan por una economía basada en el conocimiento y la tecnología", ha añadido.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: